Alejandro Merino Capurro (Aylwin Mendoza Luksic & Valencia) habla de la importancia de las asociaciones público-privadas para el desarrollo de Chile ante un panorama cambiante en el que el medioambiente, la promoción de las energías renovables o la democratización de la conectividad están entre los protagonistas de los desafíos presentes entre los que se cuentan los estragos que ha causado la pandemia Covid19.
Incontables desafíos se han suscitado durante los últimos años -especialmente en el último lustro- de cara a continuar con el desarrollo nacional y proseguir así con aquello que en la esfera política se suele tildar como “senda país“. El combate al cambio climático y al calentamiento global, la preservación del medio ambiente, la promoción y el desarrollo de energías renovables, la democratización en la conectividad (vial, aérea, marítima e inalámbrica o de telecomunicaciones, entre otras), destacan entre varios asuntos. Y, cómo no, también los negativos y adversos efectos de la pandemia.
Para dar respuesta a estas urgencias se requiere, naturalmente, de un sinnúmero de soluciones estructurales. Por ejemplo, el fomento, construcción y desarrollo de ciudades inteligentes y de una infraestructura asociada que sintonice con la escasez hídrica, la utilización e inyección de energías renovables -a las que ya podríamos dejar de atribuirles el apellido de “no convencionales“- y, por qué no decirlo, de una adecuación normativa que, junto con albergar estas “nuevas necesidades“, las promueva a tal punto de permitirles convertirse en un estándar mínimo dentro de la sociedad.
Y si bien desde hace muchos años estas urgencias se han impregnado en la atmósfera nacional, lo cierto es que todavía estamos en un proceso -algo ralentizado por la contingencia sanitaria- de escalamiento hacia ese desarrollo tan anhelado. Y es aquí donde la experiencia nos ha ido demostrado la importancia de las asociaciones público-privadas (APP), pero siempre bajo una conducción y liderato estatal que propenda hacia al apuntado desarrollo.
Una adecuada agenda de proyectos concesionables, una coordinada integración de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones, así como un emplazamiento definitivo de una completa matriz de energías renovables, constituyen escenarios ideales en los que puedan proyectarse y afianzarse tales alianzas.
Hoy ya sabemos que la mayor parte de las concesiones que se licitarán a contar de 2022 provienen de iniciativas particulares, lo que nos permite avizorar una falta de liderazgo o, al menos, una preocupante quietud por parte del Estado en orden a desarrollar una planificación territorial que satisfaga las urgencias que requiere Chile y que, además, sean de largo aliento.
Urge, entonces, que ambos sectores trabajen coordinada y mancomunadamente para dar una respuesta a las imperiosas necesidades que todavía no permiten asentarnos definitivamente en una faz de desarrollo, con infraestructura eficaz y que además pueda ejecutarse en los tiempos oportunos. Los problemas ya los conocemos y las soluciones también. Hoy, más que nunca, es indispensable la promoción y rol protagónico de las alianzas público-privadas, pero siempre en aras de la satisfacción de un interés colectivo que debe ser siempre satisfecho por el Estado de Chile, no sólo a partir de iniciativas particulares, sino que también como corolario del activo rol que a este último inexorablemente le asiste en materia de políticas públicas e infraestructura.
