Philippe Sands, árbitro del panel del procedimiento Odyssey vs. México administrado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) invocando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y bajo reglas UNCITRAL, ha criticado la exclusión de dos amici curiae decidida por el resto del panel de árbitros del conflicto:”La decisión de la Mayoría no reconoce ni tiene en cuenta el gran impacto del arbitraje de inversión”, explica el árbitro internacional en el documento “Decisión sobre la solicitud de autorización para realizar una presentación en calidad de parte no contendiente” (Caso CIADI No. UNCT/20/1).
Para Sands, que lamenta la decisión del resto del panel, formado por el chileno Felipe Bulnes (presidente) y el búlgaro Stanimir Alexandrov (designado por Odyssey), los árbitros deben tener en cuenta: “consideraciones generales de legitimidad relativas a arbitrajes tramitados al amparo de tratados de inversión, y los intereses de comunidades locales específicas afectadas por un caso en particular”.
los árbitros deben tener en cuenta los intereses de comunidades locales específicas afectadas por un caso en particular
Los amici curiae
En relación con el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), del que el tribunal ha concluido que no considera que “tenga un interés significativo en esta controversia” ni que “pueda aportar un conocimiento particular o una visión diferente a aquellos de las partes contendientes”, explica que: “tiene un número limitado de objetivos claros que se focalizan en cómo el derecho (y, en particular, el arbitraje internacional de los tratados) afecta a los derechos humanos y al medioambiente”. Entre su razonamiento añade que: “CIEL puede ofrecer una perspectiva única debido a su capacidad para situar a esta controversia en el contexto de los debates y desarrollos más amplios del derecho internacional”.
En relación con la otra solicitud de amici, la de Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale SCL, relacionada con el impacto que podría tener el proyecto en la actividad pesquera local, el árbitro aclara que: “Si bien las Partes pueden explorar el impacto del Proyecto de la Demandante en los intereses de la gente del lugar por sí mismas, la Cooperativa se encuentra en una posición única para brindar una visión de primera mano y entonces apoyar o controvertir los argumentos de las partes”.
Para Philippe Sands es “profundamente lamentable que la Mayoría haya decidido que no desea oír a una comunidad que se ve directamente afectada por el resultado del procedimiento” y “solo minará la percepción de legitimidad de este procedimiento”. Y declara que ambos amici podrían haber aportado “una perspectiva única a cuestiones específicas de hecho y de derecho en esta controversia y que estas perspectivas asistirían al Tribunal.”
Oda por el medioambiente
“En estos tiempos en los que se reconoce que los desafíos ambientales afectan a una amplia gama de interesados, considero lamentable que la Mayoría no estime apropiado permitir a aquellos que han demostrado que podrían estar afectados por el resultado la oportunidad de participar en el procedimiento, mediante una presentación amicus limitada.”
considero lamentable que la Mayoría no estime apropiado permitir a aquellos que han demostrado que podrían estar afectados por el resultado la oportunidad de participar en el procedimiento
Philippe Sands, para defender al amicus y los derechos e intereses de los afectados por la controversia, hace referencia al reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia de que: “el medioambiente no es una abstracción, sino que comprende el espacio habitable, la calidad de vida y la salud de los humanos, con inclusión de las generaciones futuras”, medioambiente que forma “parte del corpus de derecho internacional sobre el medioambiente”.
El conflicto
La compañía estadounidense Odyssey Marine reclama a través de arbitraje 3.540 millones de dólares a México por el freno a su actividad en el proyecto de explotación de una mina subacuática de fósforo, así como el rechazo al proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) alegando daño a la biodiversidad, entre ellos, el impacto al hábitat de la tortuga boba y su fuente de alimentación: el cangrejo rojo.
