En noviembre de 2013, las compañías españolas Cementos La Unión, accionista mayoritaria de Arabian Cement Company, y Aridos Játiva presentaron un arbitraje de inversiones contra Egipto ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por sobreprecios impuestos por el Gobierno egipcio a una licencia de explotación de una planta de fabricación de cemento y el sistema de concesión de licencias.
Cementos La Unión, junto a Aridos Játiva, reclamaba cerca de 240 millones de euros y el tribunal, aunque le ha dado la razón al grupo español en cuanto al incumplimiento por parte de Egipto del Tratado Bilateral de Inversiones Egipto-España de 1992, no ha concedido ninguna indemnización por daños.
El conflicto se remonta a 2007 cuando tras la finalización de la fábrica de cementos, el gobierno egipcio publicó una ley retroactiva que obligaba a la española a pagar millones en impuestos.
El tribunal del arbitraje lo han formado el sueco Christer Söderlund, presidente, el estadounidense Charles N. Brower, designado por el demandante, y el anglo-francés Philippe Sands, designado por Egipto. Al laudo final se adjuntó opinión disidente de Brower.
