La minera canadiense First Majestic Silver Corp ha enviado al Gobierno de México la notificación de intención de arbitraje que inicia un período de negociaciones de 90 días por los impuestos a la producción de plata.
First Majestic, que opera las minas de plata y oro mexicanas de San Dimas, Santa Elena y La Encantada, invoca las disposiciones del Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El 13 de mayo de 2020, la compañía minera anunció que el Servicio de Administración Tributaria mexicano (SAT), por diversas acciones “ha mostrado un total desprecio por las disposiciones aplicables de tres tratados separados de doble imposición celebrados con Canadá, Barbados y Luxemburgo”.
En la nota de prensa publicada en su web, First Majestic explica que el SAT ha optado “repetida y unilateralmente por rechazar las solicitudes de procedimientos de acuerdo mutuo”, contemplados en los tratados para abordar las diferencias en su interpretación y aplicación.
Señala en el comunicado que, a pesar de la ley mexicana y el Acuerdo de precios anticipados de 2012 negociados y finalizados entre el SAT y Primero Empresa Minera, S.A. de C.V., su subsidiaria mexicana, confirmando la base de Primero para pagar impuestos sobre el precio que realizó por las ventas de plata entre 2010 y 2014: “el SAT ha optado ilegalmente por ignorar la existencia legal de este Acuerdo de fijación de precios anticipado.”
First Majestic indica que tras hacer varios intentos para tratar de resolver sus diferencias con el SAT utilizando procedimientos administrativos y legales locales y otros, y también a través de discusiones diplomáticas, sus esfuerzos se han encontrado con acciones del SAT que tenían la intención de: “intimidar a la Compañía, sus subsidiarias y sus empleados, incluidas las notificaciones a Primero para asegurar los montos que reclama se adeudan de conformidad con sus reevaluaciones emitidas en violación de los términos del Acuerdo de fijación de precios anticipado.”
Sigue explicando en el comunicado que “ha impugnado las tácticas de intimidación del SAT a través de todos los medios nacionales mexicanos disponibles, incluido un recurso de amparo ante un Tribunal de Distrito, y una queja ante la Oficina del Fiscal Federal de Defensa del Contribuyente de México (PRODECON), procedimientos que aún no se han resuelto y que debido a la crisis del COVID-19, no hay establecidas nuevas audiencias sobre estos asuntos.
La compañía explica que: “además de ser contraria a varias disposiciones de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y la ley nacional mexicana, y las decisiones judiciales mexicanas, las acciones de SAT contravienen los principios del derecho internacional“, y son “discriminatorias contra la Compañía como inversionista extranjero y equivalen a una denegación de justicia según el derecho internacional.”
Según los datos aportados por First Majestic, ésta ha invertido más de dos billones de dólares en México desde 2003 y tiene aproximadamente 4.700 empleados directos y 20.000 empleos indirectos distribuidos entre ocho estados de México.
