El francés Alexis Mourre, presidente, el colombiano Eduardo Zuleta, designado por los demandantes, y el mexicano Eduardo Siqueiros, designado por la demandada, conforman el arbitraje del procedimiento Latin American Regional Aviation Holding contra Uruguay.
El 7 de mayo, la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) publicó la composición del tribunal del arbitraje en el que la compañía aérea acusa a Uruguay de tomar medidas arbitrarias que produjeron su quiebra y consecuente venta a través de un fideicomiso propiedad del Gobierno uruguayo.
Un total de 17 procedimientos atesora Alexis Mourre en CIADI: siete como presidente (ej. Abengoa y Cofides-México; Hydrika-Perú o Cervin-Costa Rica), ocho como coárbitro (ej. Gas Natural-Colombia; Isolux Corsan-Perú; OI European Group-Venezuela) y uno como miembro de comité de anulación (Hochtief-Argentina).
Eduardo Zuleta ha participado en 20 arbitrajes CIADI: 15 como presidente (ej. Total-Argentina, Steag-España, Agroinsumos-Venezuela, Perenco-Ecuador), como coárbitro en dos (ej. René Rose Levy-Perú) y en tres como miembro de comité (ej. Impregilo-Argentina).
Son diez los procedimientos CIADI que acumula Eduardo Siqueiros en su currículo: cuatro como presidente (ej. Galway-Colombia, Pluspetrol-Perú) y seis como coárbitro (ej. Telefónica-Argentina, Abengoa-México.
Más sobre el arbitraje
Pluna Líneas Aéreas Uruguayas fue fundada en 1936 y nacionalizada en 1951, en 1995 sufrió un proceso de privatización parcial, al que le siguió en 2007 la venta por parte de Uruguay de una participación del 75% en la aerolínea al fondo de capital privado uruguayo Leadgate, compañía matriz de Latin American Regional Aviation Holding.
Además de una serie de hechos que afectaron gravemente la actividad de la compañía a partir de 2012, como la crisis monetaria de Uruguay, las cancelaciones de vuelos producidas por la erupción del volcán Puyehue en Chile o las ayudas a compañías rivales como la argentina Aerolíneas Argentinas, la compañía acusa a Uruguay de tomar medidas arbitrarias que produjeron su quiebra y consecuente venta a través de un fideicomiso propiedad del Gobierno uruguayo.
Los despachos que representan a la demandante son Freshfields Bruckhaus Deringer, New York, NY, U.S.A. y FERRERE, Montevideo, Uruguay.
