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B. Cremades & Asoc. presenta Recurso ante el TJUE por conflicto del Popular

Por 22 septiembre, 2017julio 4th, 2018Sin comentarios


Ayer el despacho B. Cremades & Asociados comunicó la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en nombre de sus clientes en relación con la Resolución de Banco Popular Español, S.A. (Banco Popular) de 7 de junio de 2017.

Según la nota de prensa, el recurso se dirige contra la Junta Única de Resolución (“JUR”) y contra la Comisión Europea y está planteado en términos idénticos a un anterior recurso presentado el 7 de agosto de 2017.

El comunicado explica que:

“La resolución de Banco Popular fue realizada en manifiesta violación del Reglamento 806/2014, de 15 de julio de 2014, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, así como de otros instrumentos de derecho europeo.

Por tanto, se solicita la nulidad de la decisión de la JUR No. SRB/EES/2017/08 mediante la que se resolvió Banco Popular y, en consecuencia, que se devuelva a los inversores afectados las acciones y demás instrumentos de capital de Banco Popular.

Igualmente, se solicita una compensación equivalente al valor neto de los activos de Banco Popular a fecha 7 de junio de 2017 que deberá determinar un perito nombrado por el TJUE (prorrateada entre todos los afectados). Si este ejercicio se hace con los estados financieros del primer trimestre de 2017, los bonistas deberían recibir el 100% del nominal de su inversión y los accionistas una compensación de 2,57 Euros por acción. No obstante, se solicita una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Banco Popular a fecha 22 de mayo de 2017.

El artículo 2 de la decisión de la JUR No. SRB/EES/2017/08 dispone que Banco Popular fue resuelto por un problema de liquidez, pero no de solvencia. Este problema de liquidez fue causado por las filtraciones de las instituciones europeas, las cuales desataron un pánico generalizado que llevó a Banco Popular a una espiral de caos en la que su acción se desplomó y los clientes retiraron masivamente sus depósitos. En particular:

    (i) el 23 de mayo de 2017, la presidenta de la JUR hizo unas declaraciones en televisión en cuanto a que la JUR estaba supervisando Banco Popular;
    (ii) el 31 de mayo de 2017, se filtró a través de Reuters que la JUR podría resolver Banco Popular de manera inminente; y
    (iii) las filtraciones presuntamente continuaron de manera que las administraciones españolas retiraron miles de millones de euros en depósitos de Banco Popular. Todo ello resultó en la resolución de Banco Popular.

Las violaciones de los deberes de confidencialidad por parte de la JUR fueron evidentes. El artículo 88(1) del Reglamento 806/2014, de 15 de julio de 2014, dispone que a los miembros de la JUR “les estará prohibido revelar información confidencial que hayan recibido en el curso de sus actividades profesionales o que les haya sido remitida por una autoridad competente o una autoridad de resolución”.

El considerando 116 del Reglamento 806/2014 explica el motivo de la necesidad de guardar los deberes de confidencialidad por parte de la JUR: “Debe presumirse que cualquier información facilitada sobre una decisión antes de su adopción, ya sea sobre si se reúnen o no las condiciones para la resolución, sobre el uso de un instrumento específico o sobre cualquier medida del procedimiento, repercute en los intereses públicos y privados afectados por la medida. De hecho, la mera información de que la Junta y las autoridades nacionales de resolución están examinando un ente determinado podría, por sí misma, repercutir negativamente en este. Énfasis añadido.

La parte subrayada es lo que precisamente ha sucedido en nuestro caso, ya que las declaraciones de la presidenta de la JUR el 23 de mayo de 2017 dieron el golpe de gracia a Banco Popular y las filtraciones posteriores agravaron la situación hasta que Banco Popular se quedó sin liquidez. Al utilizarse la construcción gramatical “[d]ebe presumirse”, se establece una presunción iuris tantum, correspondiéndole a la JUR la carga de probar que las filtraciones que le son imputables, así como el consiguiente incumplimiento del artículo 88 del Reglamento 806/2014, no han tenido ninguna influencia en la situación de “graves dificultades” de Banco Popular.

Posible denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo

Además de las reclamaciones de indemnización ante el TJUE, B. Cremades & Asociados está explorando la posibilidad de presentar una denuncia ante la correspondiente comisión deontológica y/o el Defensor del Pueblo Europeo por posibles violaciones del Código de Conducta de los Miembros de las Sesiones Plenarias y Ejecutivas de la JUR, en concreto en sus artículos 2(1) y 14(1), los cuales ratifican la importancia esencial de los deberes de confidencialidad previstos en el artículo 88 del Reglamento 806/2014.

Aunque el plazo para pedir la nulidad de decisión de la JUR No. SRB/EES/2017/08 es de dos meses desde la publicación de acto, los inversores de Banco Popular pueden continuar presentando demandas por responsabilidad extracontractual ante el TJUE debido a que el plazo de prescripción para esta acción legal es de cinco años. Naturalmente, los que no hayan recurrido la nulidad a tiempo, podrán beneficiarse de una eventual declaración de nulidad como resultado de los recursos de nulidad de los inversores que sí han recurrido en el referido plazo de dos meses.

Sobre B. Cremades & Asociados

B. Cremades & Asociados fue fundado en 1969 por el Catedrático Bernardo M. Cremades. Desde entonces, el despacho se ha erigido como uno de los bufetes líder en el derecho internacional y, sobre todo, en el arbitraje internacional comercial y de inversiones. Esta posición de liderazgo se refleja en que sus profesionales participan actualmente como abogados de parte o árbitros en más de 40 arbitrajes activos con un valor total combinado de miles de millones de euros. Con sede en Madrid, cuenta con 20 abogados colegiados en distintas jurisdicciones – además de en España, Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Gales, Irlanda y Nueva Zelanda – que gozan de un alto grado de especialización en sus campos. Por tanto, el despacho tiene una vocación eminentemente internacional. Su actividad principal se centra en la resolución de controversias, a nivel nacional e internacional, así como en el asesoramiento en derecho corporativo, financiero, administrativo y fiscal.

Es miembro fundador de TAGLaw, una red de destacados despachos de abogados de alta calidad presentes en más de 90 países.

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