Un tribunal argentino ha rechazado la apelación de dos compañías paraguayas contra el cobro de peaje en un tramo de la hidrovía. La corte alegó que debieron agotar el procedimiento administrativo. Hace un mes el Gobierno argentino se comprometió a suspender los embargos de convoys paraguayos durante 60 días. Argentina y Paraguay, junto con el resto de países firmantes del acuerdo que regula el tránsito fluvial en la hidrovía Paraguay-Paraná, han iniciado un arbitraje ante Mercosur.
A finales de septiembre, en el entorno de las conversaciones para resolver el conflicto por el cobro de peaje impuesto por Argentina al transporte fluvial en la hidrovía Paraguay-Paraná, el Gobierno argentino se comprometió a suspender los embargos durante 60 días a toda embarcación con bandera paraguaya, mientras continuaban las negociaciones (ver “Argentina no suspende el cobro del peaje, pero frena por 60 días los embargos a Paraguay“, LaPolíticaOnline, Richard Ferreira, 28.09.2023).
La apelación de las compañías paraguayas Petrolera San Antonio y Mercopar se producía ante la justicia argentina y el tribunal rechazó la petición por no haber agotado la vía administrativa. Un juzgado de primera instancia ya había rechazado la petición de suspensión de cobro de peaje (ver “Hidrovía: justicia argentina rechazó apelación de navieras paraguayas que piden suspensión del peaje“, ABC Color, 01.11.2023).
El conflicto y el arbitraje
El cobro de peaje fue determinado por el Gobierno argentino en la Resolución 1023/2022 del Ministerio de Transporte por la que se establecía el cobro de peaje para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de un tramo de la hidrovía.
El Ministerio de Transporte estableció una tarifa de USD 1,47 por Tonelada de Registro Neto (TRN) para el tráfico internacional proveniente o con destinos exteriores, y que el mismo valor absoluto en pesos debería aplicarse como tarifa para los tráficos entre puertos de la República Argentina.
El Gobierno de Paraguay ha confirmado en las pasadas semanas que el conflicto se dirimirá en arbitraje para resolver todo lo relacionado al cobro de peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay, que sí contempla el tratado de Santa Cruz, pero sujeto a obras constatadas y al acuerdo de los cinco países firmantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Estos han tachado la aplicación del peaje de: “unilateral y arbitrariamente establecido al margen del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra y otras disposiciones reglamentarias internacionales vigentes.”
El Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra regula el transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná.
