El pasado 23 de enero el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativasa a Inversiones (Ciadi) publicó la Resolución Procesal No. 1 concerniente al arbitraje que mantienen Carlos Ríos y Francisco Javier Ríos con Chile por un conflicto en relación con el Transantiago.
Los hermanos Ríos, colombianos y propietarios a través de distintas sociedades de Global Public Services, propietaria a su vez de Inversiones Alsacia SA, operador del Transantiago -sistema de transporte público en Santiago de Chile-, presentaron una demanda de arbitraje contra Chile en junio de 2017 por incumplimientos “en la dotación de infraestructura y control de evasión”.
Tribunal y representantes de las partes
El tribunal del arbitraje se constituyó el 6 de diciembre de 2017 y está compuesto por la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler (presidente), el argentino Óscar Garibaldi (designado por los demandantes) y la frances Brigitte Stern (designada por el demandado).
Dechert (París) lleva la defensa de los hermanos Ríos, con un equipo formado por Eduardo Silva Romero, José Manuel García Represa y Erica Stein; y Arnold & Porter Kaye Scholer (Washington y Londres), con Paolo Di Rosa y Patricio Grané Labat, asesoran a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de Chile.
Los asistentes del tribunal son la abogada chilena Sabina Sacco y el abogado colomabiano Lukas Montoya, ambos pertenecientes al despahco Lévy Kaufmann-Kohler.
Historia del arbitraje
A finales de marzo de 2017 finalizaron las negociaciones desde que Alsacia comunicara al Gobierno chileno su intención de interponer una demanda de arbitraje ante el Ciadi por incumplimientos “en la dotación de infraestructura y control de evasión”.
El Ministerio debía pagar a Alsacia 15,2M$ en enero de 2017 pero la compañía debía cumplir unos estándares mínimos de frecuencia y regularidad, que según las estadísticas del Directorio de Tranporte Público Metropolitano de Santiago estaban al borde de lo exigido.
Las modificaciones en los contratos firmados en 2003 realizadas por el Gobierno en 2012 entre las que se establecían:
- multas más cuantiosas por incumplir frecuencia y regularidad y
- que el control de la evasión pasara a ser responsabilidad de los operadores
llevaron a Alsacia a la incapacidad para asumir sus deudas (ver “Alsacia al límite: Futuro del mayor operador del Transantiago está en manos del gobierno“. Alberto Arellano. 08.01.2014. Ciper).
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