Ante las posibilidades que nos ofrece 2025 en el arbitraje internacional, Ana Lombardía (directora de AAA-ICDR para Latinoamérica) ofrece su análisis en el que prevé un incremento de la litigiosidad “más o menos inmediato”, aborda el cambio de Gobierno en Estados Unidos y sus implicaciones, habla de México y de su situación respecto al sector energético o respecto a la reforma de su sistema judicial, de la oportunidad que representa Argentina o de cómo afectarán las nuevas políticas de sostenibilidad o ESG. También aborda el creciente uso de la Inteligencia Artificial por parte del sector y la influencia de los actores que están haciendo el arbitraje más diverso.
Resulta complicado anticipar con exactitud qué tendencias vamos a seguir observando en el campo del arbitraje internacional en los próximos meses dado que este momento se caracteriza por una cierta inestabilidad y sensación de interinidad. En este sentido, los cambios políticos y legislativos que se están operando en varios países y regiones anticipan en algunos casos un incremento más o menos inmediato de la litigiosidad y el surgimiento de disputas. Por otro lado, en aquellos contextos en los que la actividad económica se encuentra incentivada y en una fase expansiva, la atracción de inversión extranjera y el consiguiente aumento del número de transacciones y operaciones comerciales podrían dar lugar al nacimiento de futuras disputas dirimibles en arbitraje a medio o largo plazo.
Específicamente, el cambio de administración en Estados Unidos va a conllevar, tal y como se ha venido anunciando, el intento de renegociación de los tratados más relevantes entre Estados Unidos y sus socios comerciales, así como la aplicación de aranceles a productos importados tanto de los países integrantes del grupo BRICS, como de México o Canadá. La puesta en marcha de ciertas políticas comerciales para la protección de la economía estadounidense frente a la presión de otras potencias internacionales puede poner en riesgo la viabilidad de ciertas operaciones y provocar la dificultad de los operadores de cumplir con sus obligaciones comerciales.
Durante todo el año 2024 se ha discutido en profundidad sobre las consecuencias a medio y largo plazo de las medidas legislativas recientemente adoptadas en México en el sector de la energía. En este sentido, parece razonable suponer que México podría continuar siendo objeto de demandas de arbitrajes de inversión en los próximos años. Paralelamente, la reforma del Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024 ha suscitado cierto temor por parte de los profesionales jurídicos de que la debilitación institucional del país perjudique la idoneidad de México como sede para futuros arbitrajes.
En Argentina el contexto es esencialmente distinto. La aprobación el pasado verano del Régimen de Promoción para Grandes Inversiones (RIGI) tuvo por objeto la creación de un contexto jurídico estable para atraer inversiones a largo plazo en sectores estratégicos para el mercado argentino. El RIGI contempla una serie de incentivos fiscales, aduaneros, cambiarios y la garantía de que dichos incentivos, en principio, no deberían verse afectados por cambios legislativos dentro de un margen de varios años. Tanto las empresas de infraestructura y construcción, como las pertenecientes al sector de la energía o tecnología, como también toda clase de operadores que prestan servicios adyacentes a estas industrias, se encuentran en la actualidad explorando nuevas oportunidades comerciales. La percepción es que el número de transacciones y operaciones de mayor o menor entidad va en aumento. Es pronto para pronosticar si y cuándo podrían surgir disputas derivadas de todas estas nuevas relaciones, pero es lógico pensar que la fabricación de un ecosistema favorable a un aumento de la actividad comercial conllevará en algún momento el incremento de potenciales disputas y, en última instancia, de procedimientos arbitrales y de mediación.
En un contexto más global, el mantenimiento y agravamiento de las sanciones comerciales como respuesta a la guerra entre Rusia y Ucrania o contra países como Venezuela o China, continuarán teniendo un impacto directo en los procedimientos arbitrales internacionales. En este sentido, el alcance de las sanciones a las partes, sus representantes, los árbitros y las instituciones que podrían administrar arbitrajes contra partes sancionadas sigue siendo objeto de análisis caso por caso, lo que está acarreando una dilación, bloqueo o paralización de arbitrajes, así como de ejecución y reconocimiento de laudos en distintas jurisdicciones.
Por sectores
Si nos centramos en un análisis por sectores o industrias, la profundización por parte de los estados y de las compañías en la implementación de políticas de sostenibilidad y ESG, así como la participación de estos operadores en procesos de transición energética detonará, por un lado, el surgimiento de nuevos arbitrajes tanto de inversión como comerciales en los sectores de energía, minería, construcción y telecomunicaciones; y por otro lado, la implementación de políticas de sostenibilidad, la diversificación de operaciones o los proyectos de descarbonización y desmantelamiento de instalaciones energéticas obsoletas, favorecerá la irrupción de nuevos actores en el mercado (fabricantes de baterías o sistemas de almacenamiento, empresas dedicadas a la generación de energía procedente de los residuos, empresas enfocadas en la generación de energía a partir de hidrógeno o empresas de nuevas tecnologías), dando lugar a todo un nuevo arco de relaciones jurídicas y operaciones mercantiles que podrían dar lugar a futuras disputas.
Nuevas herramientas tecnológicas disponibles
La incorporación de herramientas de inteligencia artificial y modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs por sus siglas en inglés) ha sido uno de los temas más tratados a lo largo del año 2024. Este año no va a ser muy diferente en ese sentido, en parte gracias a la creciente sofisticación de estos sistemas y a la familiarización en la que todos los operadores de los sectores de litigación y arbitraje, estamos actualmente inmersos. En este sentido, el aprendizaje adecuado por parte de los profesionales de este sector para un uso cada vez más ágil y juicioso de estas herramientas se ha convertido en una prioridad absoluta tanto en los despachos como en las instituciones arbitrales.
En aras de la prevención de un uso inadecuado de estas herramientas, son muchas las instituciones que han optado por publicar diferentes guías de buenas prácticas, recomendaciones o sencillamente, principios rectores para que árbitros y partes las usen como referencia. Asimismo, se siguen estudiando los riesgos asociados al uso de estas nuevas tecnologías en lo relativo a la preservación de la confidencialidad de la información que se intercambia en los procesos arbitrales, así como de la generación de información errónea o inexacta sin un soporte adecuado para ello (“hallucinations”).
El recurso a plataformas digitales para agilizar la tramitación de procesos de resolución de disputas, como la mediación o el arbitraje online, es también una tendencia que va a seguir desarrollándose previsiblemente durante el año 2025.
Por último, la exploración sobre todas las posibilidades y ventajas que estas nuevas herramientas pueden ofrecer a los usuarios y profesionales del arbitraje ha favorecido el lanzamiento de interesantes iniciativas como las que lidera la Asociación Americana de Arbitraje, tales como el lanzamiento de una versión de su ClauseBuilder mejorada con AI (“ClauseBuilder AI”) o de una herramienta tecnológicamente mejorada para ayudar a las partes a seleccionar los árbitros (“AAAi Panelist Search Tool”).
Incremento de número de árbitros y diversificación de perfiles
En los últimos años se han producido algunos movimientos en el mercado del arbitraje por el que muchos profesionales pertenecientes a grandes firmas han optado por establecer prácticas independientes y boutiques de arbitraje. Esta tendencia ha dado cabida a la irrupción de profesionales relativamente jóvenes en búsqueda de proyectos en el contexto tanto de las secretarías administrativas, como de primeros nombramientos como árbitros independientes.
El lanzamiento de plataformas como la de JusMundi para secretarios de tribunales arbitrales son una confirmación de esta tendencia que augura, entre otras cosas, una creciente diversidad de perfiles no solo en lo que respecta al género sino también a la edad, bagaje profesional o sensibilidad hacia diferentes tradiciones jurídicas. Este incremento en la diversidad de perfiles puede favorecer la sofisticación y enriquecimiento del debate jurídico entre los profesionales del sector.
