Aena y España han llegado a un acuerdo con NextEra para que un tribunal inglés deje sin efecto las medidas cautelares sobre los intereses de la compañía pública española en el aeropuerto de London Luton. NextEra consiguió el embargo, a principios de agosto, en el marco de un procedimiento de ejecución de un laudo de 291 millones de euros, instado por la energética neerlandesa en el ámbito de los arbitrajes de inversiones contra España por las renovables. El tribunal ha condenado a la compañía a pagar las costas del procedimiento abierto para dejar sin efecto las cautelares.
A través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la española Aena ha informado de que junto a España, al aeropuerto de London Luton y a sus filiales con intereses en Luton han llegado a un acuerdo con NextEra para que el tribunal desestime las medidas cautelares dictadas por un tribunal británico.
El 19 de agosto de 2024, Aena y el aeropuerto de London Luton solicitaron al Tribunal
Superior de Justicia de Inglaterra y Gales que dejara sin efecto las medidas cautelares sobre el conjunto de las acciones de Aena en Luton y sobre los terrenos de una de las filiales, dado que España no tiene intereses en la propiedad embargada y tales medidas cautelares constituían un perjuicio injustificado para London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales.
Los abogados de NextEra manifestaron el 23 de agosto de 2024 su voluntad de llegar a un acuerdo.
Medidas cautelares
El 3 de agosto de 2024, Aena informó de que NextEra Energy Global Holdings B.V. y NextEra Energy Spain Holdings B.V., demandantes en procedimientos de arbitraje contra el Reino de España, habían obtenido una decisión judicial en el Reino Unido en la que se habían acordado medidas cautelares sobre el 26,01% de las acciones de la sociedad London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales y en relación con los terrenos de una de las filiales y que incluyen varias propiedades que forman el Aeropuerto de Londres-Luton.
Sobre el arbitraje
NextEra inició el arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en mayo de 2014 por los cambios regulatorios relacionados con la explotación de energías renovables invocando el Tratado de la Carta de la Energía.
La filial española de NextEra se constituyó en 2008 para la construcción de dos plantas termosolares en Extremadura y fue cerrada en 2016 debido a los cambios en la legislación española.
El 12 de marzo de 2019 el tribunal del arbitraje (Donald M. McRae (presidente), Yves Fortier y Laurence Boisson de Chazournes) concedió 291 millones de euros de los más de 500 millones reclamados.
