El pasado 21 de febrero, un grupo de activistas, bajo la plataforma Stopesmining (representando a 280 organizaciones de todo el mundo) enviaron una carta a OceanaGold reclamando el pago de 8 millones de dólares, indemnización a la que les condenó, el 14 de octubre de 2016, el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi, en el arbitraje Pacific Rim Cayman-El Salvador.
Los firmantes -que según la misiva representan a 180 millones de personas en el mundo-, además, apoyan una campaña para acabar con los proyectos de minería en El Salvador. La defensa del gobierno salvadoreño en el arbitraje se apoyó sustancialmente en los derechos de los salvadoreños de acceso al agua, por la afectación de la actividad minera en una importante cuenca hidrográfica.
En la misiva las organizaciones exigen a la australiana que:
- acepte la decisión del CIADI y no busque una anulación;
- pague inmediatamente los $8 millones que debe a El Salvador por costos legales;
- junto a Minerales Torogoz, Dorado Exploraciones y la Fundación El Dorado se retiren inmediatamente El Salvador y cese la publicación de anuncios pagados y otra información ilusoria sobre sus actividades en El Salvador;
- haga una disculpa pública al pueblo y al gobierno de El Salvador por los daños ya causados por la exploración de Pacific Rim en el norte de El Salvador, los impactos negativos de su demanda ante el CIADI y los conflictos resultantes de las operaciones actuales de OceanaGold en el Norte de El Salvador, incluyendo las actividades de su Fundación El Dorado; y
- con respecto a lo anterior, debe cooperar plenamente en una investigación completa e imparcial sobre los asesinatos y las amenazas que han tenido lugar en relación con este conflicto a través de los años.
OceanaGold heredó el proceso de arbitraje al adquirir Pacific Rim Mining Corp. en noviembre de 2013 y la compañía afirma que fue consciente desde el inicio que su objetivo era llegar a una solución amistosa que beneficiara a ambas partes. Pacific Rim demandó en 2009 a El Salvador por negarle una concesión minera de oro y plata en San Isidro, Cabañas, alegando su derecho por sus exploraciones mineras años antes.
Stopesmining está formada por organizaciones de Australia, Canadá y los Estados Unidos que apoyan al pueblo salvadoreño mientras demandan soberanía, derecho al agua, comunidades saludables y un ambiente limpio.
Créditos imagen: Stopesmining
