El Tribunal de Apelaciones de París ha anulado el laudo del arbitraje que enfrentó a Serafín García Armas y Karina García Gruber con Venezuela por la expropiación de las compañías Alimentos Frisa C.A. y Transporte Dole C.A. El motivo de anulación es que los demandantes, de doble nacionalidad española y venezolana, no tenían la nacionalidad española en el momento en el que hicieron la inversión.
El arbitraje se inició en 2012 invocando el Tratado Bilateral de Inversiones España-Venezuela de 1995, bajo reglamento Uncitral y administración de la Corte Permanente de Arbitraje. El objeto de la demanda se origión en 2010 cuando las infraestructuras y bienes de los demandantes sufrieron la ocupación y confiscación por parte de funcionarios venezolanos.
El tribunal del procedimiento lo formaron el brasileño Eduardo Grebler (presidente), el argentino Guido Tawil y el costarricense Rodrigo Oreamuno.
El tribunal concedió en el laudo, fechado en abril de 2019, 214 millones de dólares por expropiación indirecta, no cumplir el trato justo y equitativo incluyento denegación de justicia y aplicar medidas discriminatorias, arbitrarias e injustificadas.
La revisión por parte del Tribunal de Apelaciones de París finalmente ha dictaminado la anulación del laudo, ya que los demandantes, de doble nacionalidad española y venezolana, no tenían la nacionalidad española en el momento en el que hicieron la inversión.
Otros datos
Serafín García Armas emigró a Venezuela en 1961 y perdió la nacionalidad española por la venezolana en 1972, en 2004 volvió a recuperar la española. En el caso de Karina García Gruber nacida en Venezuela en 1980 consiguió su nacionalidad española en 2003.
Desde el comienzo del procedimiento, Venezuela alegó la imposibilidad de que un nacional demandará a su propio Estado, pero el tribunal arbitral no lo consideró, entre otros, porque el tratado invocado no excluye a ciudadanos con doble nacionalidad, a diferencia de otros que sí lo hacen.
