La cristalera estadounidense Owens-Illinois Inc. instó el pasado 25 de julio a un juez del Distrito de Columbia (EE.UU.) a que le deje apoderarse de activos venezolanos con el objetivo de ejecutar el laudo de más de 400 millones de dólares contra Venezuela que emitió un tribunal de arbitraje administrado por CIADI tras la nacionalización de sus fábricas por parte del Gobierno venezolano. Owens Illinois argumenta que Venezuela es “funcionalmente incapaz de cumplir sus deudas”.
El 21 de mayo, la jueza de distrito Amy Berman Jackson de Washington, DC confirmó el laudo de aproximadamente 500 millones de dólares que una unidad de Owens-Illinois Inc obtuvo contra Venezuela en relación con la incautación y nacionalización de dos plantas en 2010. La jueza confirmó la decisión arbitral rechazando la solicitud del Gobierno de Juan Guaidó de retrasar el procedimiento 120 días para que pudiera realizar una “transición ordenada a la democracia”, reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos diciendo que la demora no cambiaría el resultado del caso (ver “U.S. judge confirms Owens-Illinois arbitration award against Venezuela“, Reuters, 21.05.2019).
Ahora, Owens Illinois ha presentado una moción en el caso “OI EUROPEAN GROUP B.V. v. BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA” para que le permitan obtener la condena del laudo a través de activos venezolanos arguementando la incapacidad para hacer frente a este pago del gobierno de Venezuela (ver “Glassmaker Targets Venezuelan Assets In $400M Award Fight”, Law360, 26.07.2019).
Más en la lucha de Owens Illinois por hacer cumplir el laudo
El pasado mes de febrero, Owens-Illinois demandó a cuatro compañías estatales Venezuela, entre las que están Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo, para cobrar el laudo de 500 millones de dólares dictado en 2015 por la expropiación.
La demanda fue presentada el 11 de febrero ante un tribunal del estado estadounidense de Delaware, y pretende que las compañías asuman el laudo.
El 2 de abril de 2016, Owens-Illinois anunció que el comité de anulación nombrado por el Ciadi dictaminó que la subsidiaria de la Compañía (Owens Illinois European Group) tenía libertad para buscar la ejecución del laudo arbitral contra Venezuela. OI anunció su intención de adoptar medidas apropiadas para hacer cumplir el laudo ejecutable en los 150 Estados miembros de la Convención Ciadi.
El tribunal determinó que Venezuela violó sus obligaciones en virtud de un tratado de inversión de 1991 con los Países Bajos.
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