El tribunal del arbitraje Clorox v. Venezuela ha concluido que carece de jurisdicción sobre la reclamación hecha por la compañía española por la supuesta expropiación de sus activos que sufrió en 2014.
El arbitraje fue presentado por Clorox Spain, compañía de limpieza, en marzo de 2015 invocando el TBI España-Venezuela de 1995 y bajo reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), siendo la institución administradora designada fue la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).
La reclamación, que según algunas fuentes se cifraría en unos 185 millones de dólares, surgió de las medidas tomadas por el Gobierno venezolano que obligaron a Clorox a interrumpir sus operaciones en el país, ante la expropiación de instalaciones de producción y oficinas, después de que la compañía española hubiera anunciado sus planes de salir de Venezuela y vender sus activos.
El tribunal lo forman Yves Derains, presidente, y Bernard Hanotiau y Raúl Emilio Vinuesa, árbitros designados por demandante y demandado respectivamente y ha dictaminado sobre el procedimiento que carece de jurisdicción.
Comunicado de Clorox sobre la situación emitido en noviembre de 2014
El 6 de noviembre de 2014 Clorox informó de cómo el gobierno venezolano publicó una resolución en esas fechas que le otorgaba a la Junta Administrativa Especial la autoridad para reiniciar y operar el negocio de Corporación Clorox de Venezuela SA (Clorox Venezuela), reafirmando así la expropiación de sus activos en Venezuela. Asimismo, durante esa semana, el presidente Nicolás Maduro anunció la intención del gobierno de facilitar la reanudación de la producción de cloro y otros productos de limpieza en las plantas de Clorox Venezuela y de operar el negocio tan pronto como fuera posible y aprobar un crédito financiero para invertir en materias primas y producción en las plantas. Estas acciones del gobierno venezolano se tomaron sin el consentimiento o la participación de Clorox.
El 22 de septiembre de 2014, Clorox Venezuela suspendió sus operaciones después de determinar que no era un negocio viable como resultado de las medidas adoptadas por el gobierno de Venezuela. Clorox España inició de inmediato un proceso de venta para facilitar una transición rápida de los activos a un nuevo propietario. Según el comunicado de Clorox de noviembre de 2014, el gobierno de Maduro se hizo cargo de las instalaciones de producción y de las oficinas de Clorox Venezuela. Debido a ello, Clorox España y Clorox Venezuela enfrentaron dificultades para obtener una transacción aceptable para los activos de Clorox Venezuela, dada la falta de certeza de que un comprador podría tomar posesión de los activos. Para Clorox: a través de sus acciones, el gobierno venezolano excluyó la posibilidad de una venta de activos, y frustró los esfuerzos de Clorox España para mitigar los efectos adversos de las medidas gubernamentales adoptadas.
