La Corte Suprema del Perú ha archivado el proceso penal contra el abogado y árbitro Mario Castillo Freyre por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en un laudo arbitral. La defensa de Castillo Freyre presentó un recurso de casación contra el delito de asociación ilícita modificado recientemente en la Ley sobre crimen organizado.
Son cuatro los delitos imputados a Mario Castillo Freyre: colusión desleal, asociación ilícita (hoy organización criminal, tras la publicación de la Ley 32108), cohecho pasivo específico y lavado de activos. El tribunal ordenó el archivo del proceso por asociación ilícita, pero Castillo Freyre seguirá siendo procesado por el resto de los delitos.
En la sentencia, el tribunal manifiesta que: “[…] no se advierte que la conducta atribuida al encausado MARIO EDUARDO JUAN MARTÍN CASTILLO FREYRE refleja un reparto de responsabilidades y tareas con la suficiente consistencia y rigidez –siempre estable y, además, permanente o por tiempo indefinido según la nueva exigencia legal–, para superar las posibilidades delictivas y los consiguientes riesgos para los bienes jurídicos apreciables en los casos de codelincuencia o, incluso, de bandas criminales” (consulta la sentencia “Recurso Casación Nº 2637-2023/Nacional. Ponente: César San Martí Castro. Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Penal Permanente”, Gobierno de Perú).
En noviembre de 2019 más de 70 docentes, abogados e investigadores emitieron un comunicado en respaldo de Mario Castillo Freyre, en virtud de la decisión emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria ordenando la prisión preventiva de 14 abogados relacionados con los arbitrajes de Odebrecht contra el Estado peruano. En él se destacaba, entre otros, que: “Una auténtica lucha contra la corrupción pasa necesariamente por realizar un análisis caso por caso, evaluando adecuadamente las pruebas y el Derecho aplicable, para evitar así la grave injusticia de las condenas colectivas. En el caso en concreto, la lucha contra la corrupción no puede prescindir – si pretende ser justa – de una motivación que demuestre el conocimiento de las normas que rigen la institución del Arbitraje, como desafortunadamente ha ocurrido.”
Breve historia del caso
En octubre de 2019 un total de 16 árbitros estaban siendo investigados por la Fiscalía peruana en el caso Lava Jato en relación con los arbitrajes resueltos a favor de Odebrecht y en contra del Estado peruano por recibir sobornos a cambio de emitir laudos a favor de la constructora. En este grupo estarían: Mario Castillo Freyre, Randol Campos Flores, Luis Pardo Narváez, Richard Martín Tirado, Weyden García Rojas, Luis Pebe Romero, Emilio Cassina Rivas, Alejandro O. Álvarez Pedroza, Ramiro Rivera Reyes, Franz Kundmüller Caminiti, Fernando Cantuarias Salaverry, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco, Daniel Martín Linares Prado, Emilio David Cassina Ramón y Humberto Abanto Verástegui.
El 18 de octubre de 2019 se presentó una solicitud de prisión preventiva que se materializó en el dictamen contra los árbitros por existir peligro de fuga y ninguna otra manera de perseguir el delito. A finales de noviembre se les puso en libertad bajo una fianza de S/ 100 000.00 y “comparecencia con restricciones”, presentándose cada 30 días.
Los arbitrajes en los que se vieron implicados los árbitros están relacionados con los siguientes proyectos constructivos: IIRSA Norte, IIRSA Sur Tramo 2 y 3, Sistema de Agua Potable de Chimbote y Carretera Callejón de Huaylas Chacas-San Luis.
También son investigados funcionarios del Ministerio de Transporte y Comunicación que habrían recibido sobornos de Odebrecht a cambio de incumplir sus funciones; así como funcionarios de la empresa Odebrecht que habrían entregado los sobornos tanto a los árbitros como a los funcionarios estatales.
En mayo de 2020, un tribunal peruano dictamino que los árbitros Fernando Cantuarias, Franz Kundmüller, Mario Castillo Freyre, Marcos Espinoza Rimachi, Alfredo Zapata Velasco y Daniel Linares podrían seguir ejerciendo como árbitros en arbitrajes contra Perú.
