Chile, Brasil, Uruguay y Ecuador han presentado su apoyo a Argentina en el recurso contra la sentencia de 16.000 millones de US dólares de la sentencia de YPF. Piden a la Corte de Apelación de Estados Unidos la anulación de la sentencia a favor de los Petersen, inversores en YPF, en el caso sobre la expropiación de la petrolera porque representa una injerencia en los asuntos jurídicos de otros Estados soberanos.
La demanda de los Petersen se remonta a 2015, después de que la compañía española Repsol, que había anunciado su intención de acudir a arbitraje internacional por la nacionalización de sus activos en la petrolera, llegara a un acuerdo con el Gobierno argentino en mayo de 2014, sin que ellos, como accionistas minoritarios, recibieran ninguna indemnización.
El 11 de enero de 2024, un tribunal de Estados Unidos rechazó la solicitud de Argentina de retrasar la ejecución de la sentencia. El fondo Burford Capital adquirió los derechos de demandar a Argentina en el litigio, tras la quiebra de las empresas Petersen en España, a cambio de 15 millones de euros y un 35% de la cantidad concedida como indemnización.
Según información del Financial Times (ver “Argentina’s neighbours come to its defence in fight over $16bn US judgment”, Joe Miller, 04.03.2024), Chile, Brasil, Uruguay y Ecuador han pedido al tribunal estadounidense que anule la sentencia. La indemnización de más de 16.000 millones de dólares que tiene que asumir Argentina representa cerca de la mitad del presupuesto total del país.
A finales de 2023, Javier Milei, presidente argentino, informó de que una de las ideas en las que estaban trabajando para proceder al pago era la creación de una tasa, bono perpetuo, que tendrían que afrontar todos los argentinos: ”Aquí hay un problema porque la plata no la tenemos. Sí tenemos la voluntad de pagar. Vamos a crear la tasa Kicillof, pagarle a Burford con un bono perpetuo. Los argentinos tendremos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso de Kicillof”, explicaba Milei en una entrevista al medio Exclusivo LN+.
En el texto del Financial Times se transcriben algunos párrafos de la presentación hecha por los cuatro países. El argumento es que un tribunal estadounidense no debería tener jurisdicción sobre esta reclamación, la aplicación errónea de doctrinas que deberían garantizar el respeto a las prerrogativas de los soberanos extranjeros y sus tribunales, proteger a los litigantes extranjeros de las cargas de litigar en EE.UU. y salvaguardar la aplicación incorrecta de la ley extranjera. Y añaden que “la población de la región no debería verse obligada a soportar las consecuencias económicas de una sentencia que aplica de forma flagrantemente errónea la legislación vigente, dictada por un tribunal que nunca debería haber ejercido su jurisdicción en primer lugar.”
