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El fondo Burford publica una síntesis de lo más destacado de la investigación sobre financiación en el sector legal en 2023 y que, sin duda, seguirá su camino en este 2024 en “2023 Legal finance research highlights“, por Liz Bigham. Los informes difundidos exploraron tres temáticas principalmente: los costes que afrontan las empresas ante los litigios, el impacto económico de las demandas pendientes y de los laudos no pagados y un análisis sobre la diversidad en el liderazgo de los litigios internacionales. Resumiendo someramente: la financiación de litigios va a ser fundamental para considerar si entrar o no en litigio ante la incertidumbre; la decisión para elegir a un financiador dependerá de la eficacia y la rapidez, un presupuesto preciso y la experiencia en el sector; y la diversidad entre los profesionales está condicionada a la recomendación de una fuente fiable.

El público explorado en estos informes fueron directores generales y abogados internos sénior responsables del área de litigios comerciales y arbitraje.

En la “2023 Litigation economics survey” (2023 Estudio sobre la economía de los litigios), las  entrevistas a 66 directores generales, jefes de litigios y otros abogados sénior responsables de litigios en empresas de EE.UU., Europa, Asia y Australia, revelaron que se espera un aumento en los próximos años, debido al entorno geopolítico, económico y normativo, y que los profesionales y las empresas “buscan, cada vez más, soluciones de reparto de costes y riesgo por parte de sus socios.”

La investigación concluye que la financiación jurídica es una parte importante del proceso de toma de decisiones a la hora de considerar posibles litigios.

En el informe referido a la “2023 Commercial dispute & enforcement economics survey” (Encuesta financiera sobre litigios comerciales y ejecución de 2023) sobre la optimización del valor de las demandas pendientes, las sentencias y los laudos no ejecutados en sus presupuestos jurídicos, la encuesta de Burford realizada a 350 directores generales, jefes de litigios y abogados internos de alto nivel de EE.UU., Europa, Asia, Australia y Oriente Medio, la solución se divide entre abogados internos de alto nivel que se deciden por aplicar medidas de ahorro para mitigar el impacto económico, y otros abogados internos que prefieren la transferencia de costes a la reducción.

Solo un 2% de los abogados sénior afirma haber recuperado el 100% del valor de sus sentencias y laudos en los últimos cinco años. El 61% declara que sus oponentes pagan voluntariamente sus sentencias y laudos pendientes menos del 50% de las veces y que las condiciones inciertas o difíciles afectan a su probabilidad de considerar soluciones de financiación jurídica.

La decisión para elegir a un financiador dependerá, según el estudio de su eficacia y la rapidez, capacidad de proporcionar presupuestos precisos y familiaridad con la financiación jurídica.

El informe “What’s driving the commercial disputes leadership diversity gap” (Qué está provocando la brecha de diversidad en el liderazgo de los litigios comerciales) muestra los resultados del sondeo a 66 directores generales, jefes de litigios y otros abogados sénior responsables de litigios en empresas multinacionales y concluye que la evolución depende de la  influencia que ejercen los abogados sénior internos.

Menos de la mitad de los directores generales aplica requisitos formales de diversidad a sus equipos de los bufetes que les representan ante los tribunales, a pesar de que muchos abogados internos creen en un mayor éxito de los equipos de litigación diversos ante los tribunales y ante un jurado.

Uno de los riesgos para que se experimente un avance es el alto apego a las relaciones existentes y el rechazo a abogados desconocidos. Una gran mayoría de los abogados internos de alto nivel acogería con buenos ojos la recomendación de una fuente de confianza (bufete de abogados, organización, socio…) de abogados con perfiles diversos especializados en litigios y arbitraje.

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