España ha fallado en su intento de apelar la sentencia dictada en su contra y a favor de Antin Infrastructure Partners por el Tribunal Superior de Londres a principios de este año. España jugó la baza de la inmunidad soberana para evitar el pago de los laudos dictados a favor de inversores en energías renovables, pero los tribunales londinenses no aceptaron la argumentación.
Ahora, España deberá pagar las costas de los procedimientos tramitados que ascienden a alrededor de 615.000 euros.
España aún puede presentar otra solicitud ante el Tribunal de Apelación. Sin embargo, esta sentencia no afecta a la cuenta atrás, hacia enero de 2024, para el embargo de unos 120 millones de los cerca de 1.000 millones de euros provenientes del juicio contra las aseguradoras del Prestige, tras el vertido de petróleo de noviembre de 2002.
El conflicto
Antin Infrastructure Partners invirtió en la instalación solar Andasol de Granada en 2011 tras el anuncio por parte de España de incentivos para los inversores en renovables, suprimidos después por las reformas normativas del Gobierno de España, llevadas a cabo entre 2012 y 2014, a las ayudas estatales a este tipo de energías.
Antin presentó una demanda de arbitraje de inversiones invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y el Gobierno español fue condenado a pagar 101 millones de euros más intereses.
