El próximo 17 de mayo la Comisión del Acuerdo de Navegabilidad de la hidrovía Paraguay-Paraná, formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunirá esperando llegar a un acuerdo. Argentina se enfrenta al resto de los países que demandan una justificación técnica para el cobro, un conflicto que podría enfrentar a las partes ante un tribunal de arbitraje internacional.
Argentina cobra a las embarcaciones que usan el tramo de hidrovía Paraguay-Paraná a pesar de la denuncia de decisión unilateral argumentada por el resto de los países. La posibilidad del arbitraje internacional sobrevuela este conflicto, mientras Argentina envía las facturas por peaje y las empresas interponen recursos para pedir cautelares ante la Justicia argentina evitando los cobros.
Paraguay está siendo el país más activo en la lucha por revertir esta situación. Según datos en prensa, el sobrecosto que supone el peaje pretendido por Argentina asciende a 55 millones de dólares y el 80% del comercio paraguayo usa esta infraestructura (ver “Buscan agotar acciones antes de ir a arbitraje por peaje en hidrovía“, UltimaHora, 29.04.2023).
El acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre transporte fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná otorga libertad de navegación e igualdad de tratamiento en todas las operaciones reguladas para los países signatarios. El cobro exigido por Argentina a las embarcaciones internacionales es de 1,47US$, mientras que factura a las compañías argentinas la misma cantidad, pero en pesos argentinos (ver “Cobro de peaje en hidrovía Paraguay-Paraná genera tensión entre Argentina y países vecinos“, MundoMaritimo, 04.04.2023).
Argentina argumenta que no se trata de una decisión caprichosa, sino que está apoyada en “estudios en distintas áreas para su implementación”, alegando la inversión hecha en el mantenimiento por el Gobierno argentino (ver “Argentina fundamentó el peaje en la Hidrovía“, Diario El Libertador, 27.01.2023).
