Real Hearing. Tan real como en el tribunal


First Quantum Minerals Ltd. ha anunciado que su subsidiaria Minera Panamá S.A. ha suspendido las operaciones de procesamiento de mineral en la mina Cobre Panamá, debido a la negativa de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de permitir la carga en el puerto Punta Rincón. La canadiense y su subsidiaria anunciaron la presentación de sendos arbitrajes en el mes de abril de 2022.

En el comunicado First Quantum explica que todos los requerimientos de la AMP: “han sido debidamente cumplidos y superados”, pero han continuado bloqueando las operaciones de exportación la minera.

La compañía comunica el inicio de una retirada parcial de su plantilla de más de 8.000 empleados y contratistas, que aumentará en las próximas semanas si no se reanudan los envíos. Por otro lado, informa que ha dejado de comprar suministros y servicios que equivalen a 20 millones de dólares de ingresos semanales a más de 2.000 empresas panameñas.

Informa First Quantum en relación con las negociaciones con el Gobierno de Panamá, para renovar el contrato, que continúan y que la empresa “mantiene su compromiso de lograr un resultado que beneficie a todas las partes interesadas y respalde las operaciones a largo plazo de la mina Cobre Panamá.”

El origen del conflicto

El 16 de diciembre de 2022, el Gobierno panameño publicó un comunicado anunciando el cierre de las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá porque: “Transcurridos 11 meses, Minera Panamá no ha cumplido con los compromisos en enero de 2022.

El 24 de diciembre, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá publicó un comunicado en el que confirmaba la intención de la compañía canadiense First Quantum Minerals y de su subsidiaria Minera Panamá de presentar dos arbitrajes contra Panamá, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del contrato de la mina Cobre Panamá firmado en 1997.

Según la información emitida por el Ministerio a principios de este mes: “Minera Panamá se rehúsa a firmar el nuevo contrato que acordaron con el gobierno de Panamá en enero de 2022, poniendo en peligro el futuro de la mina y de miles de empleos panameños.” Y a pesar de que estos términos fueron aceptados por la minera en enero de 2022: “la empresa se niega a formalizar el acuerdo y han tratado de introducir nuevos términos económicos al contrato que socavan los mejores intereses de los panameños. Cuando estas acciones fallaron, iniciaron un arbitraje internacional contra Panamá.”

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