El arbitraje por la línea de alta velocidad Figueras-Perpignan entre la concesionaria TP Ferro (ACS y Eiffage) y Francia y España se inicia en Ginebra (Suiza) ante el tribunal arbitral recientemente constituido. La demandante reclama 700 millones de euros, según información filtrada a la prensa.
En agosto de 2017, TP Ferro, sociedad formada por la española ACS y la francesa Eiffage, presentó la demanda de arbitraje en Bruselas contra los Gobiernos de España y Francia para reclamar una indemnización de 500 millones de euros por la rescisión del contrato de concesión de la línea Figueras-Perpignan. A mediadios de 2019, se conoció como el arbitraje se trasladó a una corte de arbitraje de Ginebra.
La concesionaria TP Ferro alega que los gobiernos español y francés no construyeron la infraestructura necesaria para desarrollar de manera efectiva una red ferroviaria de alta velocidad.
Según información publicada por el medio La Vanguardia (ver “TP Ferro demanda a España y Francia por su quiebra y les reclama 700 millones“, Lalo Agustina, 14.07.2020), la demandante reclama 450 millones de euros por inversiones realizadas más otros 250 millones por daños y perjuicios.
Por su lado el estado español, ya anunciaba en diciembre de 2017 que España y Francia demandarían a TP Ferro por incumplimiento contractual. En el artículo anteriormente citado, esta demanda se cifra en 75 millones de euros.
Otros detalles del conflicto
En diciembre de 2016, ambos países tomaron el control del enlace ferroviario -sin dar ninguna compensación a TP Ferro- tras la rescisión del contrato después de la liquidación de la compañía, tres meses antes, que se había declarado en quiebra a finales de 2015 declarando una deuda de 560 millones de euros. La concesión se adjudicó en 2003 por 50 años.
Los gobiernos francés y español convinieron en octubre de 2016 en crear una empresa conjunta que operara la línea Figueras-Perpignan: SNCF Network-Adif, lo que evitó el parón en el transporte.
