El tribunal del arbitraje “Michael Anthony Lee-Chin y La República Dominicana” ha decidido que sí tiene jurisdicción sobre el conflicto sobre el vertedero Duquesa, que invoca el tratado de Libre Comercio CARICOM (Comunidad del Caribe) – República Dominicana ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

El tribunal del procedimiento -con opinión disidente de uno de los árbitros- ha decidido que sí tiene jurisdicción sobre este conflicto en el que el propietario de la empresa jamaicana Lajún Michael Lee-Chin demanda recuperar 300 millones de dólares por pérdidas consecuencia de la expropiación de sus inversiones en República Dominicana en el vertedero La Duquesa y 5 millones de dólares por daños morales.

El tribunal está formado por Diego P. Fernández-Arroyo (presidente) y los coárbitros Christian Leathley y Marcelo Kohen. Para éste último: “el Tribunal carece de jurisdicción para conocer de la controversia que le ha sido sometida”.

Para República Dominicana el Tratado invocado “no contiene una oferta de consentimiento al arbitraje CNUDMI”; y “El Tratado no protege a las inversiones indirectas ni a los inversionistas indirectos”, por lo que la demandada solicitaba que el tribunal se declarara incompetente, rechace las reclamaciones por falta de jurisdicción y condene al demandante al pago de costas.

Para el demandante, entre otros, el consentimiento de República Dominicana está confirmado a través de la cláusula de nación más favorecida y el tratado protege a las inversiones indirectas y a los inversionistas indirectos.

Opinión disidente de Marcelo Kohen

La decisión de jurisdicción va acompañada de la Opinión disidente del árbitro argentino Marcelo Kohen en el que explica que: “Se necesita de mucha imaginación para creer que las Partes al Tratado han consentido de manera “clara e inequívoca” que el inversionista pueda decidir de elegir por sí solo llevar la controversia al arbitraje internacional. El Laudo Parcial se basa sistemáticamente en inferencias, tanto para el análisis de cada uno de los párrafos del Artículo XIII como para la determinación que las llamadas inversiones “indirectas” entran en el ámbito de protección del Tratado.”

Y finaliza argumentando: “Las cortes y los tribunales internacionales deben ser sumamente cautelosos en el análisis de la existencia de su jurisdicción. El ejercicio de la jurisdicción sobre una controversia en la que un Estado no ha dado su consentimiento constituye un grave menosprecio de la soberanía del o de los Estados interesados. La determinación de la jurisdicción por parte de un tribunal ad hoc debe ser establecida de manera concluyente. La continuidad del trabajo de sus miembros depende de su propia decisión en la cuestión. Por todas las razones expuestas en la presente opinión disidente, considero que el Tribunal carece de jurisdicción para conocer de la controversia que le ha sido sometida.”

El arbitraje

En 2007, el municipio de Santo Domingo Norte otorgó el acuerdo de concesión por 10 años del vertedero Duquesa a Lajún Corporación a través de la que Lee-Chin adquirió 875.000 metros cuadrados de terreno para vertedero, instalaciones de reciclaje y una planta de conversión de residuos en energía.

El Tribunal Superior Administrativo dominicano desposeyó a Lajún de la administración del vertedero.

La notificación del arbitraje, en el que Lajún es representada por el despacho Hogan Lovells, explica que las expectativas y derechos del inversor fueron ignorados y violados por el Estado que buscaba la expropiación de la inversión.

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