Vulcan Materials argumenta, en un comunicado de 8 de julio de 2022 publicado en la página web de su filial SAC-TUN (anterior Calica), que la denuncia hecha por el Gobierno de México ante la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por destrucción ambiental en sus trabajos en la cantera de Quintana Roo es “objetable desde varios puntos de vista”; ya añade que continuará defendiendo sus derechos en el arbitraje abierto en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
En el comunicado explican que fueron conscientes de la “denuncia” en contra de la compañía “por medio de la prensa y las redes sociales, al igual que el público en general”, a pesar de plantear en reiteradas ocasiones al Gobierno de México el diálogo, y que seguirán defendiendo sus derechos a través del arbitraje en el marco del TLCAN, al que no afecta “la supuesta “denuncia” del Gobierno de México”.
Vulcan Materials Company informa de que sus operaciones fueron supervisadas de manera regular y constante durante décadas por organismos e instituciones mexicanos que otorgaron Certificados de Industria Limpia y permisos y autorizaciones correspondientes.
Plantean que la denuncia de “destrucción ambiental” hecha por el Gobierno mexicano “ante una institución internacional que no está especializada, ni tiene ámbito de competencia en la materia, es objetable desde varios puntos de vista.”
Andrés Manuel López Obrador y Vulcan
En febrero, en una de sus rutinarias conferencias de prensa (La Mañanera), el presidente de México Andrés Manuel López Obrador comunicó que tenía que llegar a un acuerdo con la compañía estadounidense Legacy Vulcan ante el impacto medioambiental de sus actividades en el entorno de Playa del Carmen. El presidente habló de la demanda de arbitraje de inversiones, a través de la que la empresa extractora reclama 500 millones de dólares por los daños a sus inversiones, y recalcó que: “Estoy seguro de que los accionistas principales no saben de la tragedia de destrucción de 500 hectáreas”.
En mayo, López Obrador amenazó con recurrir a tribunales, nacionales o extranjeros, si no llega a un acuerdo con Vulcan Materials sobre el yacimiento en Quintana Roo. Lo hizo tras la reunión mantenida con el CEO de la compañía estadounidense y con el embajador de EE.UU. en México. A su vez, Vulcan advirtió de que recurrirá a todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos, mientras solicitaba al tribunal del arbitraje bajo administración CIADI escuchar las nuevas violaciones del TLCAN relacionadas con las últimas medidas del Gobierno mexicano.
