Venezuela ha salido airosa en el segundo arbitraje de inversiones iniciado por la compañía de lubricantes Venoklim Holding B.V., registrada en Holanda pero de propiedad venezolana. El tribunal ha rechazado las reclamaciones de los demandantes que invocaron en esta ocasión el Tratado Bilateral de Inversiones Holanda-Venezuela de 1991 para denunciar la nacionalización en 2010 de Industrias Venoco C.A., propiedad de Venoklim, en base a un decreto que ordenaba la adquisición forzosa de sus bienes.
En octubre de 2010, un decreto del Gobierno venezolano ordenó la adquisición forzosa de todos los bienes de la compañía Venoklim para utilizarlos para la obra: “Soberanía en la Elaboración y Suministro de Bases Lubricantes, Lubricantes terminados, Aceites Dieléctricos, Grasas y Liga para Frenos”.
En su primera demanda de arbitraje de inversiones presentado en 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la compañía invocó el incumplimiento de la Ley de Inversiones venezolana de 1999. En abril de 2015, un tribunal compuesto por Yves Derain (presidente), Enrique Gómez-Pinzón, que adjuntó “Opinión Concurrente y Disidente”, y Rodrigo Oreamuno, desestimó la demanda de la holandesa por falta de jurisdicción.
Venoklim presentó en 2015 una solicitud de anulación del laudo que un comité desestimó en su totalidad en 2018.
Venezuela argumentó, entre otros, que ya no era un Estado contratante del CIADI cuando se registró la demanda, que la Ley de Inversiones venezolana no era fundamento válido para la jurisdicción CIADI, que no se trataba de inversores internacionales, sino nacionales venezolanos, o que la denuncia del Convenio CIADI impedía que el tribunal tuviera competencia.
Venoklim estaba controlada por Inversora Petroklim CA, perteneciente a dos empresarios venezolanos: Franklin Durán Guerrero, detenido y acusado de financiar un golpe de Estado contra el Gobierno de Venezuela en 2020, y Carlos Eduardo Kauffman Ramírez, detenido en EE.UU. y condenado por participar en una trama de corrupción y fraude.
Ahora, el tribunal formado por Eduardo Damião Gonçalves (presidente), Juan Pablo Cárdenas Mejía (designado por el demandante), y Gabriel Bottini (designado por el demandado) ha emitido un nuevo laudo el 17 de octubre de 2024 en el que Venezuela mantiene el mismo resultado.
