En el mes de diciembre pasado, el arbitraje iniciado por el empresario británico Terence Highlands contra México vivió una actualización después de dos años, en noviembre de 2022 las partes presentaron una declaración de costas y el tribunal emitió una decisión sobre jurisdicción y responsabilidad a la que se adjuntó una opinión parcialmente disidente del árbitro Gabriel Bottini, nombrado por México.
Terence Highlands, representada por Stewarts (Londres) y Adame González de Castilla & Besil (Ciudad de México), reclama la expropiación ilegal de las inversiones de la empresa Coastline y exige alrededor de 80 millones de dólares por la detención de dos de sus buques durante tres años en México valorados en 328 millones de dólares y liberados en malas condiciones. El caso estaría unido a Oceanografía -envuelta en un caso de fraude para acceder a créditos bancarios-, compañía que controló durante cuatro años el Gobierno de México.
Aunque no se conocen muchos detalles, el tribunal del arbitraje, formado además de por Bottini, por Alfredo Bullard (presidente) y por Óscar Garibaldi (coárbitro nombrado por el demandante) emitió el 3 de diciembre una decisión sobre jurisdicción y responsabilidad tras un periodo de dos años desde el 15 de noviembre de 2022 cuando las partes presentaron una declaración de costas.
El arbitraje Terence Highlands
El 20 de diciembre de 2018, México recibió la notificación de intención de someter una reclamación a arbitraje presentada por Terence Highlands. En agosto de 2019 se materializó esta solicitud al amparo del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI México-Reino Unido).
Highlands, fundador y único accionista de Coastline Group, compañía propietaria de Marfield y Shanara Maritime International, propietarias de las embarcaciones “Caballo Marango” y “Caballo Maya”, respectivamente, reclamaba que el Estado mexicano les negó el control y la posesión de ambas embarcaciones desde marzo de 2014 durante años.
Por otro lado, denunció que México no conservó de manera adecuada ambas embarcaciones durante el aseguramiento realizado en contra de Oceanografía, a pesar de no pertenecer a esta empresa. Highlands invoca el incumplimiento del APPRI México-Reino Unido en sus disposiciones de “Nivel Mínimo de Tratado de Conformidad con el Derecho Internacional Consuetudinario”, “Trato Nacional y Trato de la Nación Más Favorecida”, “Expropiación” y “Libre Transferencia de sus Inversiones y Rentas”.
Un largo caso
Shanara Maritime y Marfield notificaron en 2015 el inicio de un arbitraje al gobierno mexicano invocando el Acuerdo para la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) México Panamá bajo reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) por la retención de los buques Caballo Marango y Caballo Maya. Reclamaban la devolución de las embarcaciones, más los daños causados, 80 millones de dólares estadounidenses o, en caso que las embarcaciones no le sean devueltas, el pago de 328 millones.
En la notificación de arbitraje se denunciaba “el peligro de hundimiento y encallamiento, debido a que llevan meses sin haber recibido un mantenimiento mayor por parte del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (el “SAE”), actual administradora y depositaria de dichas embarcaciones. Ese hundimiento y encallamiento -que es inminente, y que es muy probable que ocurra en el año siguiente- generará un daño ambiental (vertimiento de sustancias peligrosas), y el que la Dirección y el SAE la ignore, puede ser generadora de una responsabilidad penal”.
En un comunicado del Gobierno mexicano, referente a este asunto, se explica que: “En 2014, a raíz de la investigación penal y del concurso mercantil iniciado a la empresa Oceanografía S.A. de C.V., la PGR y el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal aseguraron los buques “Caballo Marango” y “Caballo Maya”y los dejaron bajo la administración del SAE. Ambos buques, se encontraban sujetos a un contrato de fletamento celebrado entre Oceanografía y las empresas panameñas Shanara Maritime International, S.A. y Marfield Ltd. Inc. (Shanara y Marfield).”
