Atendiendo a los últimos movimientos en las contrataciones de despachos legales para el asesoramiento en arbitrajes internacionales de Panamá, México y El Salvador nos detenemos en algunas de sus claves. Panamá ha terminado unilateralmente por falta de presupuesto el contrato de Foley Hoag relacionado al conflicto con Sacyr en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Las contrataciones directas se materializan en el caso de México, que renueva lazos con Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose LLP para seguir y afrontar la defensa de sus muchos arbitrajes internacionales; y de El Salvador que ha contratado, sin proceso de licitación, a Arnold & Porter Kaye Scholer para enfrentar el arbitraje recientemente presentado por Fibranet.
Panamá ha terminado su contrato con la estadounidense Foley Hoag como apoderados legales externos en la defensa del arbitraje de inversiones presentado por Sacyr en el CIADI en 2020. El alargamiento de los plazos del procedimiento ha provocado que el presupuesto programado para este arbitraje se haya quedado corto y el Gobierno de Panamá ha terminado unilateralmente el contrato de servicios con Foley Hoag que ascendía a cerca de cinco millones USD. La reclamación de Sacyr asciende a 2.000 millones USD.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) panameño: “el proceso arbitral se extendió más allá del período presupuestario proyectado y pactado en la Cláusula Quinta del Contrato, en atención a los cambios del calendario procesal y el ejercicio de las Partes.” Ya añadió que: “la contratación con la firma Foley Hoag LLP solo estableció estimaciones presupuestarias topes para cada fase del proceso arbitral, las cuales no contemplaron la extensión del proceso.” Lo que supone que no existan remanentes suficientes para sufragar más honorarios.
A finales de diciembre de 2024, Foley Hoag aceptó la terminación y aceptó los términos propuestos por Panamá.
En el caso de México, Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP (USA) y Tereposky & DeRose LLP (Canadá), contratados de forma directa, son los destinatarios de un presupuesto de 4,9 millones USD para la defensa en los arbitrajes internacionales.
Ambas firmas ya figuran en algunas de las controversias pendientes de resolver contra México en CIADI: Almaden y Almadex; Bacanora Lithium, Sonora y Ganfeng; Fotowatio y FRV Solar; Cyrus y Contrarian; First Majestic Silver; Arbor Confections; Access Business Group; Amerra Capital Management; Doups Holdings; Finley Resources, MWS y Prize; Espiritu Santo Holdings; Terence Highlands; y Legacy Vulcan.
En el caso de El Salvador también contratados de manera directa, los dos últimos arbitrajes de inversiones que enfrenta el Estado de los seis procedimientos de su histórico en CIADI cuentan con la asesoría externa de firmas internacionales. En el último procedimiento, el de la compañía de Guatemala Fibranet, presentado el pasado 23 de enero de 2025, El Salvador ha contratado, sin proceso de licitación, a la firma internacional Arnold & Porter Kaye Scholer (USA y UK). En el otro arbitraje aún abierto, el de la compañía británica HSBC Latin American Holdings, comparten la asesoría las firmas Laborde Law (Francia) y Arbitraje y Litigio Ibeoramericano (Mexico).
