Rutas de Lima, propiedad del fondo canadiense Brookfield, de Sigma y de Odebrecht, ha emitido un comunicado en el que rechaza la sentencia de un juzgado peruano que ordena la suspensión del cobre del peaje de Conchán, distrito peruano de Cajamarca y en el que advierte de que recurrirá a instancias nacionales e internacionales. La concesionaria califica la resolución de “arbitraria” y de “vulnerar el marco normativo peruano”. Un portavoz de la compañía ha confirmado la intención de la empresa de recurrir a foros internacionales para proteger sus derechos.
En el comunicado la empresa denuncia “una campaña sistemática de hostigamiento judicial, mediático y político impulsada por el Estado peruano, incluyendo principalmente a la Municipalidad Metropolitana de Lima y su alcalde, a la que se han sumado otras autoridades, como la Defensoría del Pueblo. Nuevamente, ignorándose los cauces institucionales y contractuales, la referida sentencia vulnera las garantías de inversión privada y socava gravemente la seguridad jurídica que debe primar en el país.”
Rutas de Lima reclama que no puede operar en veintiséis casetas de peaje que suponen un 50% de sus ingresos y el impactos en la situación financiera de la concesión.
La empresa habla de “abierto desprecio por la seguridad jurídica” y de un “claro incumplimiento del marco legal” que no respeta contratos ni inversión privada y defienden que la recuperación del puente Conchán es una obligación de la Municipalidad.
Finalmente, advierten de que se reservan el derecho de recurrir a instancias nacionales e internacionales competentes para proteger sus derechos.
Ives Becerra, en el programa peruano Canal N, denunció la situación y admitió que seguirían protegiendo sus derechos en los foros que correspondan (“Rutas de Lima llevará suspensión de peaje de Conchán ante CIADI“, Álvaro Vega Lavado, Canal N, 25.04.2025).
