Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, ha dimitido junto a otros siete ministros del tribunal. Piña remitió una carta fechada el 30 de octubre de 2024 a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en la que renuncia a su cargo y a participar de la votación popular de ministros que promulga la nueva Reforma Judicial. En los últimos días, juristas e instituciones se han posicionado y presentado como amicus curiae para apoyar acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma.
En la misiva, Piña, que lleva en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde diciembre de 2015 cuando fue designada ministra, manifiesta que declina su “candidatura para participar en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras que ocuparán, entre otros, los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.” En alusión al proceso de votación popular contenido en la nueva normativa (ver texto en X: cuenta @letroblesrosa).
Piña Hernández presenta su dimisión incidiendo en que: “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige.” En un claro alegato contra la Reforma Judicial impulsada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuada por el de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que ha acusado a Piña y a otros siete ministros de la SCJN, que también han presentado su dimisión, de buscar el retiro para cobrar sus pensiones, ya que la nueva Reforma Judicial elimina la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros cargos.
La comunidad jurídica en contra
Alrededor de 50 juristas de todo el mundo enviaron el 21 de octubre de 2024 un documento de presentación de Amicus Curiae ante la SCJN que contiene criterios jurídicos internacionales para considerar sobre la Reforma Judicial. El texto destaca los riesgos para la independencia judicial en México: “En nuestra opinión es de esencial importancia que, tanto ante esta honorable Corte como más ampliamente en la esfera pública de México, se desarrolle un debate informado sobre el tema de la constitucionalidad de las reformas. Estimamos que mantener un patrón de reforma librado a las eventualidades de la dinámica política pura, sin supervisión de ningún tipo, genera enormes problemas para la democracia mexicana. Ello es especialmente importante cuando se trata de reformas que se relacionan con la preservación básica de las “reglas del juego” que deben asegurar el mantenimiento de los canales democráticos de decisión.” Dice en uno de los párrafos el texto.
Otras instituciones como el Instituto Mexicano de la Mediación (IMM) también se han posicionado en las últimas horas para apoyar acciones de inconstitucionalidad en contra de la Reforma, como la impulsada por al ministro González Alcántara Carrancá. El 30 de octubre de 2024, IMM se ha presentado como amicus curiae de la iniciativa presentando un texto ante la SCJN, en el que también reflexiona sobre la reforma y las acciones de inconstitucionalidad.
