Hace unas semanas se presentó un Proyecto de Ley en el Perú que prohíbe los contratos de concesión con empresas que están inmersas en controversias judiciales o en arbitrajes con el Estado. La iniciativa fue presentada a propuesta del congresista Jorge Arturo Zevallos Aponte por el partido Renovación Popular.
La propuesta legislativa establece que aquellos consorcios de empresas, ya sean nacionales o extranjeros, que hayan abierto contra el Estado peruano procedimientos jurídicos o arbitrajes, domésticos o internacionales, no podrán contratar o renovar la concesión (ver “Renovación Popular plantea restricciones a empresas con controversias judiciales y/o arbitrales con el Perú“, Pasión por el Derecho, 05.03.2025).
La “Ley que prohíbe contratos de concesión o renovación a empresa que mantienen controversia judicial y/o arbitral en contra del Estado peruano” pretende proteger al Perú frente a las demandas arbitrales o judiciales de aquellos consorcios o empresas que participan de licitaciones o concursos públicos en obras de infraestructura y otros servicios.
La “Finalidad de la ley” especifica que el Estado, que protege el erario nacional: “[…] no puede verse perjudicado por aquellas empresas a las que el estado ha otorgado activos o servicios en concesión, licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y otros que se requieran para la utilización de recursos naturales; por lo que se prohíbe la contratación o renovación de contratos de concesión de obras de infraestructura y/o de servicios públicos a favor de empresas que han demandado al Estado peruano en sede nacional o extranjera.”
El proyecto de ley, presentado por el partido Renovación Popular, está en posesión de la Comisión de Economía del Congreso (ver “Empresas en disputa legal con el Estado no podrán acceder a concesiones: el impacto detrás“, Fernando Cuadros Concha, Gestión, 27.03.2025).
