En el comunicado “El intervencionismo del Ministerio de Justicia en el Arbitraje amenaza la Seguridad Jurídica”, un grupo de instituciones de arbitraje líderes y organizaciones empresariales del Perú advierte de su preocupación por la intención del referido Ministerio de intervenir en la regulación del arbitraje mediante la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial para la mejora y actualización de la normativa que regula el arbitraje. Para los firmantes se pone en riesgo la seguridad jurídica y la confianza de las inversiones en el Perú.
Los firmantes, entre los que se encuentran: Cámara de Comercio de Lima (CCL) y su Centro de Arbitraje, Perucámaras, Comexperú, AMCHAM, Afin, Sociedad Nacional de Pesquería, ICC Perú, Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, Cámara de Comercio de Piura, Centro de Análisis y Resolución de Conflictos PUCP y el Instituto Peruano de Arbitraje (IPA), muestran su preocupación ante el nuevo grupo de trabajo constituido “con una abrumadora mayoría de funcionarios públicos apenas cuatro meses después de que el anterior Grupo de Trabajo presentó sus conclusiones, que fueron resultado del trabajo serio y dedicado de profesionales y expertos en arbitraje.”
El primer grupo de trabajo, creado en mayo de 2024, concluyo que no era conveniente modificar la actual Ley de Arbitraje para controversias entre privados; en el caso de los arbitrajes en los que el Estado es parte, se propuso una norma especial.
Piden al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Isa, que reconsidere la creación de este nuevo grupo de trabajo.
El II Grupo de Trabajo
Según Resolución Ministerial publicada el 21 de enero de 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú ha creado un Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza temporal para la mejora y actualización de la normativa que regula el arbitraje. Según la información distribuida, la iniciativa se apoya en informes legales previos y en la evidencia de la necesidad de reformar y optimizar el marco jurídico vigente de arbitraje, y parte de la función ministerial de “estudiar y proponer la dación y reforma de la legislación.”
El Grupo de Trabajo estará integrado por entidades de los sectores: justicia y derechos humanos, economía y finanzas, salud, transportes y comunicaciones, por un representante del Poder Judicial, un representante de un Centro de Arbitraje perteneciente a una universidad privada; y un representante de un Centro de Arbitraje perteneciente a una Cámara de Comercio; aunque sus miembros pueden convocar a otros participantes en calidad de invitados.
El objetivo de este Grupo de Trabajo es “elaborar una propuesta normativa para la optimización del marco jurídico vigente que regula el arbitraje” en cuatro meses, prorrogables a propuesta de sus miembros.
