Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El presidente de Panamá José Raúl Mulino ha ordenado la derogación urgente de tres decretos legislativos que declaraban reservada la información sobre procedimientos de arbitraje internacional contra el país, y lo ha hecho un día después de haber sido publicados.

Los decretos derogados por José Raúl Mulino fueron publicados por los Ministerios de Presidencia, Ambiente y Comercio e Industrias el 13 de septiembre en la Gaceta Oficial.

Los documentos declaraban de acceso restringido la información de los arbitrajes nacionales e internacionales en los que fuera parte Panamá:

  • Ministerio de la Presidencia: “Resolución Nº 159. Que ordena y declara de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, en que sea parte el Estado por conducto del Ministerio de Presidencia.”
  • Ministerio de Ambiente: “Resolución Nº DM-0365-2024. Que ordena y declara de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, en que sea parte el Estado por conducto del Ministerio de Ambiente, exceptuando la información ambiental definida por el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018.”
  • Ministerio de Comercio e Industrias: “Resolución Nº 128. Que ordena y declara de acceso restringido toda la información y documentación relacionada a los procesos arbitrales, tanto a nivel nacional e internacional, en que sea parte el Estado por conducto del Ministerio de Comercio e Industrias.”

Las resoluciones publicadas en la Gaceta Oficial descansaban, según el texto “en beneficio de los mejores intereses del Estado en los Procesos Arbitrales” y se contemplaba que “una vez concluido el proceso arbitral de que se trate y salvo restricciones que interpongan las reglas de arbitrajes que rigen los acuerdos y declaraciones e confidencialidad de la información que pacten las partes en el proceso y sean aceptados por el Tribunal Arbitral, dicha información y documentación podrá ser considerada de acceso público.”

En el comunicado de 14 de septiembre de 2024, Mulino reitera su compromiso con la transparencia y el acceso a la información.

El 12 de septiembre de 2024, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá concedió una partida de más de 18 millones de dólares al Ministerio de Economía y Finanzas para la gestión de los arbitrajes.

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