La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú ha hecho balance del año 2024 en relación a su labor en los arbitrajes que enfrenta la Administración peruana tanto nacionales, como internacionales. Destacan los 102 laudos a favor que obtuvo en controversias domésticas y dos acciones en arbitrajes internacionales: un procedimiento en la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) relacionados con el aeropuerto de Chinchero y otro ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en el que obtuvo la exclusión del proceso.
Arbitraje doméstico
En 2024, en relación a los arbitrajes domésticos, la Administración obtuvo 102 laudos favorables, entre ellos, cuatro casos emblemáticos relacionados con empresas investigadas en el contexto del Club de la Construcción.
Según nota de prensa del MTC, la Administración evitó el desembolso de S/ 347,206,584.50. Estos arbitrajes conllevaron la presentación de 4,978 escritos jurídicos, incluyendo demandas, contestaciones y alegatos.
El MTC logró la anulación de 10 medidas cautelares previamente dictadas en contra y obtuvo 13 sentencias favorables en procedimientos de anulación de laudos.
Arbitraje internacional
La oficina del MTC hace referencia al arbitraje de emergencia ante la CCI de la compañía coreana KOTRA-KAC, en el marco de un procedimiento por el aeropuerto de Chinchero, que solicitó una medida cautelar de emergencia que, tras la oposición del MTC, fue rechazada.
También a un arbitraje internacional ante la CPA entre Consorcio Gran Evento Perú 2019 contra la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en el que obtuvo un fallo favorable, obteniendo la exclusión del procedimiento. Esta controversia está relacionada con el contrato de servicio de alquiler de autobuses para movilizar a los atletas, equipos, prensa y otros participantes en los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos de 2019.
La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú esta dirigida por David Ortiz Gaspar y trabaja en coordinación con la Procuraduría General del Estado (PGE).
