Centauro Capital SLU y Natanor XXI, accionistas del Grupo Keralty, emitieron un comunicado el 23 de enero de 2025 en el que dan más detalles sobre los motivos de la demanda de arbitraje de inversiones interpuesta contra Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a la que acusan de “trato arbitrario, discriminatorio e injusto”.
En el comunicado denuncian que: “en los últimos años el Estado colombiano ha incumplido reiteradamente múltiples compromisos con EPS Sanitas bajo el sistema de salud y el derecho internacional, incluyendo su obligación de garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud, y la intervención forzosa e injustificada de EPS Sanitas, que han agravado tanto la situación financiera de la compañía como la prestación de servicios a sus afiliados.”
Explican que las medidas implementadas por Colombia han “derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores, y la sociedad colombiana en general.”
El Grupo Keralty hace referencia a los esfuerzos por llegar a una solución amistosa para asegurar que Colombia cumpliera con sus obligaciones “de garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud” que no llegó, por lo que se vieron obligados a recurrir a instancias internacionales “en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados por el Estado colombiano.”
Finalizan el comunicado afirmando que la indemnización que obtengan a través del arbitraje de inversiones se dedicará “a recomponer el gravísimo daño causado por el Estado colombiano al sistema de salud mediante el fortalecimiento de EPS Sanitas con dichos recursos.”
El 2 de abril de 2024, el Gobierno colombiano ordenó la intervención para la administración de la EPS Sanitas motivada por, entre otros, y según comunicado del Ministerio de Salud y Protección Social: “el no cumplimiento de la habilitación financiera, deudas, sumado a la cantidad de peticiones, quejas y reclamos que presentan los usuarios.” Cifraban las deudas con prestadores de servicios de la EPS en dos billones de pesos.
Según diferentes medios, Centauro y Natanor estarían reclamando cinco billones de pesos (cerca de 1.200 millones USD).
