La International Legal Finance Association (ILFA) ha enviado un comunicado en oposición al proyecto de Ley de Transparencia de Litigios de 2025 (“Litigation Transparency Act”), que obliga a que los acuerdos de financiación de litigios por terceros sean divulgados y presentados en todos los litigios civiles federales.
La Asociación arguye que: “Sólo los litigantes con suficiente dinero para mantener grandes equipos jurídicos profesionales durante meses de litigio tendrán la oportunidad de proteger su propiedad intelectual de la infracción de las grandes tecnológicas o de obligar a las grandes aseguradoras a pagar las reclamaciones que les correspondan.”
El 8 de febrero, la Asociación Internacional de Finanzas Legales anunció su oposición al texto, que presentó un día antes el congresista Darrell Issa, presidente del Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre Tribunales, Propiedad Intelectual, Inteligencia Artificial e Internet de los EE.UU., que obligaría a la divulgación pública de toda la financiación en casos civiles en los tribunales federales.
Para la ILFA, el proyecto de ley perjudicaría a las pequeñas empresas que no dispondrían de “los recursos para hacer valer sus derechos, proteger su propiedad y defender sus medios de vida.” Explica que la normativa obligaría a revelar detalles sensibles de las estrategias legales y se pondría “al sistema legal a favor de los mayores actores corporativos, lo que resultaría en una reducción drástica de los litigios civiles contra ellos.”
En declaraciones de Paul Kong, director ejecutivo de ILFA: “[…] Sólo los litigantes con dinero suficiente para mantener a grandes equipos jurídicos profesionales durante meses de litigio tendrán la oportunidad de proteger su propiedad intelectual de las infracciones de las grandes empresas tecnológicas o de obligar a las grandes aseguradoras a pagar las reclamaciones que les correspondan […].”
Según la ILFA, los tribunales ya tienen herramientas suficientes para ordenar la divulgación de la financiación si es pertinente o relevante para el fondo de la controversia, y aseguran que: “En la inmensa mayoría de los casos, los tribunales han sostenido que los detalles de los acuerdos de financiación legal no son relevantes para el fondo de los casos y deben protegerse en lugar de entregarse a la oposición en el litigio.”
Y añaden que “la legislación vigente, las normas judiciales y las directrices éticas proporcionan a los litigantes una amplia capacidad para mantener el control de sus casos y garantizar que los abogados no incumplan sus deberes de lealtad y confidencialidad.”
A favor…
La Cámara de Comercio de EE.UU. hizo pública una declaración del presidente de su Instituto para la Reforma Legal, Stephen Waguespack, sobre la Ley de Transparencia de Litigios en la que reconoce “el gran riesgo que supone la financiación de litigios por terceros para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos” y dice que la “Litigation Transparency Act”: “[…] ayudará a proteger la integridad de nuestro sistema judicial, garantizando que los financiadores externos no estén dirigiendo o beneficiándose secretamente de los litigios que están financiando. Es de sentido común que los demandados, los demandantes y los jueces sepan quién busca beneficiarse de los litigios.”
El congresista Darrell Issa denuncia la financiación de litigios civiles por terceros no conocidos “como una inversión para obtener beneficios” que, poniendo el ejemplo de casos de litigios sobre patentes distorsionan “el libre mercado y ahogan la innovación”. Para Issa, esta falta de transparencia “requiere un remedio legislativo que proporcione información sobre los inversores que reciben pagos en función del resultado de un caso.”
El objetivo del Proyecto de ley, según el congresista “se centra en los graves y continuos abusos de nuestro sistema de litigios, que distorsionan la justicia oscureciendo la detección pública y explotando las lagunas de la ley para obtener beneficios económicos.”
