El Tribunal Ambiental de Antofagasta ha aprobado la conciliación en la demanda por daño ambiental presentada contra las empresas Minera Escondida Limitada, Albemarle Limitada y Compañía Minera Zaldívar SpA, por la afectación del acuífero Monturaqui-Negrillar y Tilopozo, en la comuna de San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta. El Tribunal rechazó la reclamación de Escondida y confirmó una multa de 8,5 millones USD de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) interpuesta en 2022. La resolución, en la que participaron el Consejo de Defensa del Estado y la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, busca reparar el daño causado al ecosistema y a las vegas de la zona.
El acuerdo incluye 14 medidas que deberán ser implementadas principalmente por las tres compañías mineras, las cuales comprometen una inversión de 47 millones de dólares. Entre las acciones más relevantes se encuentra la recuperación del acuífero afectado y la restauración de las vegas de Tilopozo y las lagunas La Punta y La Brava. También se han establecido medidas para la compensación social, económica y ambiental a la Comunidad de Peine, y acciones vinculadas a la divulgación de los avances en la restauración del sector.
Desde Minera Escondida, parte del grupo BHP Mining, destacan que los montos concedidos son de los más altos que se han acordado en una conciliación ambiental y que Escondida cesó definitivamente la extracción de agua de este acuífero y de todo tipo de fuente continental a finales de 2019.
En marzo de 2022, Chile presentó una demanda contra las minas de Albemarle, Antofagasta, Barrick Gold y BHP, por presuntos daños medioambientales debidos a la extracción excesiva de agua en sus minas de cobre y operaciones de litio en el salar de Atacama, en el norte del país.
El daño ambiental y la controversia
El desierto de Atacama y su Salar cuentan con varias minas de cobre: Escondida (de BHP), Zaldívar (al 50% entre Antofagasta y Barrick Gold) y la Planta del litio del Salar de Atacama (explotada por Albemarle).
Para su operación, las empresas extrajeron agua subterránea del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo de una región en la que el agua escasea. Las comunidades locales y los ecologistas acusan a las empresas mineras de sobrecargar los recursos hídricos disponibles.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) argumentó que el daño causado por la extracción excesiva de aguas subterráneas por parte de las empresas mineras era previsible, ya que conocían el límite máximo de descenso que podía tener el acuífero. La defensa partió de que la explotación perjudicó no sólo a la propia fuente de agua subterránea, sino también a las llanuras del Tilopozo, a la fauna y a los sistemas de vida y costumbres de la Comunidad Indígena Peine. El CDE reclama la reparación de los daños medioambientales, así como la aplicación de medidas de diálogo y de gestión socioambiental por parte de las empresas mineras, y pide a éstas que tomen medidas para que estos hechos no se repitan.
Las empresas negaron haber actuado mal. Antofagasta afirmó que el agua para su mina de cobre Zaldívar se había extraído de acuerdo con sus permisos y que no había “ninguna evidencia de daño medioambiental” y BHP defendió que había actuado de acuerdo con sus obligaciones y que sus estudios técnicos no habían mostrado indicios de deterioro en la zona que rodea el acuífero (ver “Albemarle, Antofagasta, Barrick Gold and BHP lawsuit (re environmental damage in Atacama region, Chile)“, Business & Human Rights Resource Centre).
En 2022, la SMA multó a Escondida por superar el nivel máximo permitido para la extracción de agua desde 2005 y presentó cargos contra Albemarle por irregularidades en su operación de litio en la región. En marzo, el CDE presentó una demanda contra las empresas en el Tribunal Ambiental.
Evidentemente el daño ambiental que es tipificada como delito no fue de relevancia, ya que cuando se sanciona penalmente, las empresas y personas infractoras son más sensibles al daño ambiental.