Gold Reserve ha anunciado la presentación de un arbitraje internacional contra Venezuela por 7.000 millones USD. El arbitraje está relacionado con sus derechos sobre el multimillonario proyecto minero Siembra Minera. Denuncia a Venezuela de revocar sus derechos por razones políticas.
El arbitraje se presenta en virtud del Reglamento del Mecanismo Complementario del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Según un comunicado de Gold Reserve: “El arbitraje tiene su origen en las medidas arbitrarias e ilegales adoptadas por Venezuela que privaron a GR Mining de sus derechos sobre el multimillonario proyecto minero Siembra Minera, situado en Venezuela, y dañaron materialmente su inversión en el mismo.” Asimismo denuncia al Gobierno venezolano por “la intimidación, el acoso, la detención ilegal y el encarcelamiento continuado” de su representante en Venezuela.
El conflicto
Venezuela posee una participación mayoritaria en el proyecto Siembra Minera en una empresa mixta con Gold Reserve, que es propietaria de una participación minoritaria que acordó con Venezuela tras años de negociaciones y que contemplaba una asociación de más de 20 años para desarrollar y explotar la mina.
Gold Reserve acusa a Venezuela de abandonar sus promesas y de revocar “abruptamente los derechos mineros de la empresa mixta en el proyecto, expropiando de hecho la inversión de Gold Reserve y dejando a Gold Reserve sin recursos legales en Venezuela.”
El nuevo proyecto que Gold Reserve negoció con Venezuela mientras acordaban el pago de otro arbitraje, que recientemente ha sido noticia por conseguir la ejecución en Portugal, es “potencialmente el mayor yacimiento de oro y otros minerales del país y representaba uno de los mayores proyectos mineros sin explotar del mundo“, según información incluida en la notificación de arbitraje de 5 de marzo de 2025.
Gold Reserve explica que fue convencida a invertir de nuevo en Venezuela, siendo convencida de que el pago del anterior laudo era cuestión de tiempo y que el Gobierno venezolano necesitaba flexibilidad.
Sin embargo, según la notificación, en 2021, “Venezuela pasó de las tácticas dilatorias al sabotaje activo. Facciones dentro del gobierno encabezado por el presidente Maduro estaban negociando con inversores rivales de Francia, Reino Unido y Turquía con el objetivo de usurpar el interés de Gold Reserve en el proyecto.”
Y denuncia que el Ministerio del Poder Popular para la Minería Ecológica, que poseía y controlaba mayoritariamente la empresa mixta, inició “una «investigación administrativa» sobre la supuesta falta de avances” del proyecto para revocar los derechos mineros de la empresa mixta. Gold Reserve acusa, sin embargo, al propio Ministerio de que la falta de atención de “sus propias obligaciones contractuales fue la causa de la falta de progreso.”
Gold Reserve recurrió a los tribunales venezolanos para anular la revocación de los derechos, pero informa de que el Gobierno “encarceló ilegalmente al principal representante legal y comercial de Gold Reserve en Venezuela, intimidando así a cualquier posible defensor” para que no representara a la empresa ante los tribunales locasles. Como consecuencia de esta situación, el Tribunal Supremo venezolano desestimó el recurso de Gold Reserve por “falta de representación”.
Por todo ello, Gold Reserve pide una indemnización por un importe aún por demostrar, pero que estima actualmente en más de 7.000 millones de dólares.
