La minera Glencore, con sede en Bermuda, ha llevado el laudo de 253,5 millones de US dólares dictado contra Bolivia a un tribunal de Washington (Estados Unidos). El 10 de octubre de 2023, Glencore registró la petición de ejecución de laudo extranjero a su favor por un tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) tras la nacionalización de sus inversiones en cuatro minas bolivianas.
El tribunal del arbitraje, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje, lo formaron el mexicano Ricardo Ramírez Hernández (presidente), el estadounidense John Y. Gotanda (designado por la demandante) y el franco-británico Philippe Sands (designado por la demandada) concluyó con la condena contra Bolivia en un laudo conocido el 8 de septiembre de 2023 sobre la expropiación de la Fundición de Estaño de Vinto, la Fundición de Antimonio, los concentrados de estaño almacenados en la Fundición de Antimonio y la Mina Colquiri.
Glencore argumenta que ha pedido a Bolivia el cumplimiento del laudo y la compensación debida, pero que no ha recibido nada. Demanda, además, los intereses debidos desde la emisión del laudo, así como intereses postjuicio y costas y tarifas del actual procedimiento.
Según la información presentada ante el tribunal estadounidense, el 6 de octubre de 2023, Bolivia presentó una solicitud de corrección del laudo y Glencore presentó una solicitud separada de interpretación de aspectos del laudo, ambas en virtud del Reglamento de la CNUDMI. En ambos casos, el tribunal aún no se ha pronunciado.
La controversia
Las fundiciones de estaño y de antimonio en Vinto y el arrendamiento de la mina de Colquiri fueron nacionalizadas por el Estado boliviano, según información de la Procuraduría, en: “2007, 2010 y 2012, respectivamente, debido a las ilegalidades cometidas en el proceso de privatización y a los graves conflictos sociales ocurridos en Colquiri a mediados del año 2012”.
Glencore Finance presentó el arbitraje de inversiones en julio de 2016, alegando que durante diez años había intentado el diálogo con el Gobierno para acordar una compensación de manera infructuosa.
El arbitraje se presentó en el marco del tratado de protección de inversiones suscrito entre Bolivia y Gran Bretaña.
