Según ha trascendido a la prensa, Naturgy, anterior Gas Natural Fenosa habría interpuesto una demanda de arbitraje de 500 millones de dólares ante un tribunal de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) por no cumplir con un contrato de póliza de riesgo político ante la pérdida de Electricaribe en Colombia.
A mediados de octubre, el medio El Economista informaba de la intención de Naturgy de llevar a arbitraje internacional a la aseguradora de riesgo político sobre su contrato en Colombia por un total de 500 millones de dólares, por la negativa a afrontar la indemnización (ver “Naturgy llevará a sus aseguradoras a un arbitraje por Electricaribe”, Rubén Esteller, El Economista, 15.10.2018).
Ahora, el arbitraje parece ser una realidad, según información de la publicación Global Arbitration Review, que habla de la presentación de la demanda en contra de su aseguradora tras rechazar indemnizarla por riesgo político (ver “Energy group sues insurers over political risk“, Tom Jones, GAR, 05.11.2018 -acceso restringido a suscriptores-).
Sobre el arbitraje con Colombia
En julio, se conoció como Gas Natural había aumentado la cantidad reclamada en el arbitraje por expropiación con Colombia por Electricaribe en 626 millones de dólares, lo que suponía un total de 1.626 millones de dólares.
Gas Natural invoca la violación del Tratado Bilateral de Inversiones Colombia-España de 2005. El procedimiento se administra bajo reglamento de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi) y el tribunal está presidido por el canadiense Stephen Drymer.
Inicio del conflicto
Tras la liquidación e incautación llevada a cabo por el Gobierno de Juan Manuel Santos de Electricaribe, el 15 de marzo de 2017, Gas Natural comunicaba que dada la situación vivida en la Costa Caribe no le quedaba “otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente.”
La compañía española explicaba que: “el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 sólo en 2016), según cifras auditadas que incluyen importantes deudas de organismos públicos colombianos, y ello es así porque no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar.”
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