El tribunal que decidirá sobre la controversia entre la compañía estadounidense Arbor Confections Inc. y México por un contrato de arrendamiento de una nave industrial en el sector alimenticio cuya reclamación asciende a 80 millones de US dólares son el portugués José Miguel Júdice (presidente), junto al británico-neozelandés David J. A. Cairns y a la francesa Brigitte Stern.
El arbitraje se registró en julio de 2023 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) invocando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Tratado México EE.UU. Canadá (T-MEC).
Se trata del cuarto procedimiento para José Miguel Júdice en CIADI. El jurista portugués intervino como counsel del demandante en el arbitraje de Gemma International v. Guinea y como presidente en dos comités ad hoc en anulaciones: InfraRed v. España e IC Power y Kenon Holdings v. Perú.
David J. A. Cairns, coárbitro nombrado por los demandantes, ha participado en otros nueve procedimientos CIADI: tres como counsel, tres como presidente de tribunal (más la revisión en Metro de Lima Línea 2 v. Perú) y dos como coárbitro.
Brigitte Stern acumula más de 80 arbitrajes CIADI. Dos como presidente, uno como árbitro único, otro como miembro del comité de anulación y el resto como co-árbitro. Kimberly Clark-Venezuela, Gran Colombia Gold-Colombia, Lopez Goyne-Nicaragua, Hermanos Ríos-Chile, Highbury-Venezuela o Infinito Gold-Costa Rica son algunos de ellos.
La controversia
La inversión realizada por los demandantes para el acondicionamiento de una nave industrial en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el objetivo de trasladar una fábrica de dulces y caramelos desde Lynn (Massachussetts, EE.UU.), superó los 35 millones de US$, según la solicitud de arbitraje. Arbor Confections y los hermanos Ducorsky dejaron de percibir más de 80 millones de US$ adeudados por arrendamiento a una compañía local, Blueberry.
El pago de los arrendamientos de Blueberry era utilizado por los demandantes para cubrir la deuda de un préstamos solicitado al Bank of the West para la mejora de la nave industrial. Blueberry incumplió los pagos del contrato de arrendamiento y, en 2008, Arbor lo llevó a la justicia mexicana para desalojarlo de la propiedad y hacerle cumplir con los pagos. Los inversores estadounidenses denuncian un “grotesco, arbitrario e inexplicable retraso judicial” con efectos en la pérdida de sus inversiones.
La propiedad cambió de manos tras la bancarrota de Blueberry, y los hechos favorecieron que el grupo mexicano de logística y almacenaje ACCEL pasase a ser su dueño finalmente en 2015. En la solicitud de arbitraje, los demandantes denuncian la influencia política y socioeconómica de la familia que controla ACCEL en México.
Los demandantes acusan a México de adoptar medidas en su contra y violar e incumplir el Tratado en relación con los estándares de: Nivel mínimo de trato, Trato justo y equitativo, Denegación de justicia, Protección y Seguridad o Expropiación judicial ilegal. Proponen como normas aplicables las Reglas de Arbitraje del CIADI, sede del arbitraje, Washington, y el idioma, el castellano.
