El Gobierno de España ha cumplido íntegramente con un laudo de 32 millones € dictado en 2021 a favor de la compañía japonesa JGC Holdings Corporation. Esta decisión marca un hito en la estrategia de España respecto a los laudos de los arbitrajes de las renovables, ya que hasta el momento el país ha estado dilatando los procesos.
El laudo, administrado por el fondo Blasket Renewable Investments, fue llevado a los tribunales de Estados Unidos para solicitar su ejecución. Es el primer pago realizado por España en relación con los numerosos laudos internacionales derivados de las reformas normativas del Gobierno español a la producción de energías renovables entre los años 2010 y 2014. El primer arbitraje de inversiones solicitado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) se presentó hace catorce años.
Es cierto que se trata de una compañía japonesa y de las últimas informaciones relacionadas se intuye que en el caso de arbitrajes en los que la implicada es una empresa intraeuropea la Comisión Europea ya ha manifestado el veto a que España cumpla con el pago de estos laudos que considera ayudas de estado ilegales.
Matthew D. McGill (Gibson Dunn), firma que ha representado los intereses de Blasket Renewable Investments, ha incidido en que aunque celebren la decisión del gobierno, aún existen 26 laudos en contra de España que serán ejecutados en tribunales de todo el mundo si no se pagan: “Tal desenlace es inevitable. Al incumplir sus obligaciones internacionales, España solamente termina por aumentar la carga de obligaciones que debe pagar el contribuyente y, además, desincentiva la captación de inversión extranjera, precisamente en un momento en el que resulta vital atraer inversiones en energía e infraestructuras.”
La justicia de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Bélgica ya ha autorizado diversas medidas para proteger a los afectados, como el embargo cautelar de activos del Reino de España.
