El 21 de abril de 2025, España presentó la anulación del laudo, emitido en diciembre de 2024, de 9,2 millones € a favor de la compañía japonesa Itochu por sus inversiones en una planta de energía solar de Cáceres.
Itochu Corporation, compañía japonesa con presencia internacional, presentó la demanda de arbitraje contra España invocando el Tratado de la Carta de la Energía el 13 de julio de 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
La japonesa constituyó una alianza en 2010 con Abengoa para construir dos plantas termosolares en Logrosán (Cáceres, España). Las plantas fueron inauguradas en diciembre de 2012 por ambas compañías, Abengoa mantenía una participación del 70%, mientras que Itochu poseía el 30% restante.
España apoyada por la UE
La Comisión Europea (CE) publicó un comunicado el 24 de marzo de 2025, en el que consideraba que el laudo del arbitraje que condena a España a pagar una indemnización de 101 millones € en favor de Antin es una ayuda estatal ilegal e incompatible.
La CE ordenó a España que no pagara ninguna compensación basada en el laudo y le exigió garantizar que no se producirá ningún otro pago relacionado: “España debe seguir resistiéndose a los intentos de ejecutar el laudo, además de no pagar voluntariamente lo concedido.”
