España ha pedido al Tribunal Supremo de EE.UU. que se pronuncie sobre la inmunidad soberana en la lucha que mantiene respecto a la ejecución de numerosos laudos de arbitrajes que invocaron el incumplimiento del Tratado de la Carta de la Energía. España quiere que el Tribunal Supremo estadounidense anule la sentencia de un Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que rechazó su petición de revisar la confirmación de tres laudos de alrededor de 400 millones USD a favor del fondo Blasket Renewable Invs. (casos Nextera, 9REN y AES) y plantea dos sentencias contradictorias de tribunales de distrito.
España pide al Tribunal Supremo que anule la sentencia del tribunal de apelaciones y que se pronuncie sobre cuestiones que afectan a la inmunidad soberana, afianzando aún más un conflicto reconocido sobre la disponibilidad del “forum non conveniens” y de importancia crítica en materia de relaciones exteriores.
España objetó que nunca había acordado y nunca podría acordar un arbitraje con las empresas y se refiere a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la invalidez del arbitraje entre Estados miembros de la UE.
España plantea la división de los tribunales de distrito. Uno de ellos ha planteado que “no existe una propuesta válida de arbitraje” y, por tanto, “no había acuerdo de arbitraje, que es necesario para establecer la competencia en razón de la materia” en virtud de la Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA) -caso Blasket Renewable Invs.-. Sin embargo otro tribunal sostuvo que la falta de “autoridad para acordar” el arbitraje por parte de España “no era una impugnación del hecho jurisdiccional de la existencia de dicho acuerdo” -caso Nextera y 9REN-.
Unión Europea contra el pago de los laudos
La Comisión Europea (CE) publicó un comunicado de prensa el 24 de marzo de 2025, en el que considera que el laudo del arbitraje que condena a España a pagar una indemnización de 101 millones € a favor de Antin es una ayuda estatal ilegal e incompatible y ordena a España que no pague ninguna compensación basada en el laudo que “constituye una ayuda estatal ilegal.”
La CE además le exige que garantice que no se producirá ningún otro pago relacionado: “España debe seguir resistiéndose a los intentos de ejecutar el laudo, además de no pagar voluntariamente lo concedido.”
