El tribunal del arbitraje de inversiones entre el fondo de inversión InfraRed y Colombia ha sido formado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El presidente es Alfredo Bullard y los coárbitros Valeria Galíndez y Alexis Mourre.
InfraRed Infrastructure RAM GP Limited, InfraRed Infrastructure RAM LP e InfraRed Infrastructure RAM, S.L., las dos primeras de nacionalidad británica y la tercera española, registraron el procedimiento en enero de 2023 por las obras en un megaproyecto de carreteras para desarrollar el eje vial norte sur en la parte oriental de Bogotá.
Alfredo Bullard, presidente designado por las partes, ha intervenido en otros trece arbitrajes CIADI hasta el momento, en uno como counsel (Kuntur Wasi-Perú), en ocho como experto (SMM Cerro Verde-Perú, Freeport McMoran-Perú, Bear Creek-Perú…), en tres como presidente (Eutelsat-México, Dominion Minerals-Panamá y Terence Highlands-México) y como coárbitro en Galway-Colombia son algunos de ellos.
Valeria Galíndez, coárbitra designada por las demandantes, ha participado en el arbitraje del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria contra Bolivia, lo hizo como coárbitro nombrado por la demandante en un arbitraje que condenó al país a indemnizar a la entidad bancaria con 105 millones de dólares. Es presidenta de los tribunales del arbitraje que deciden en HSBC Latin American Holdings-El Salvador; Autopistas del Atlántico-Honduras; TV Azteca-Perú; y Ricardo Leitão Machado-Angola. También es coárbitra en Neltume Ports-Uruguay.
Alexis Mourre acumula ya un total de 34 procedimientos CIADI en los que ha intervenido: doce como presidente (ej. Abengoa y Cofides-México; Hydrika-Perú o Cervin-Costa Rica), veintiuno como coárbitro (ej. Gas Natural-Colombia; Isolux Corsan-Perú; OI European Group-Venezuela) y uno como miembro de comité de anulación (Hochtief-Argentina).
Más sobre el conflicto
La obras sufrieron un parón ante la afluencia de fuentes de agua en algunos de los tramos del proyecto. La Ley colombiana prohíbe la intervención, en un radio de 100 metros, ante el impacto en fuentes hídricas.
Para la concesionaria, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia no dio respuesta a las soluciones que proponían las empresas para salvar esta situación y los tramos de la vía sufrieron el no mantenimiento y la erosión provocada por las condiciones climáticas, sin que hubiera intervención.
