El tribunal del arbitraje de inversión entre Gasoducto Sur Peruano SA en Liquidación, un grupo de inversores de la compañía, contra Perú ha sido formado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El franco-uruguayo Paul Arrighi Bustamante es el presidente designado por la Secretaría General del CIADI y el canadiense Henri C. Álvarez y el anglo-mexicano Luis Alberto González-García, los coárbitros nombrados por demandante y demandado respectivamente.
El conflicto se relaciona con el proyecto de construcción de transporte de gas natural Gasoducto Sur Peruano y los inversores invocan el incumplimiento del contrato y se someten al Reglamento de la Convención CIADI.
Paul Arrighi Bustamante, socio fundador de la firma Estudio Paul V. Arrighi, ha participado en otros tres procedimientos de anulación, dos contra España, como miembro de comité: Infracapital y Stadtwerke; y uno contra Venezuela, también como miembro de comité para decidir sobre la anulación del laudo de la compañía Smurfit Holdings.
Henri C. Álvarez, que se estableció árbitro internacional independiente en 2016, ha participado en otros 24 arbitrajes CIADI. Algunos de ellos son: Álvarez y Marín Corporación SA y otros v. Panamá, Teinver v. Argentina, Flughafen v. Venezuela, Total v. Argentina, o Aguas del Tunari v. Bolivia. En 17 como coárbitro, en dos como counsel y en cuatro como presidente.
Luis Alberto González García, miembro de Matrix Chambers y designado por México como miembro del panel de árbitros CIADI, ha participado en otros 19 procedimientos de la institución: en doce ocasiones como counsel del estado demandado en casos de Argentina, México y Jordania, o del demandante en procedimientos contra Bangladesh y Mozambique. Como coárbitro tiene experiencia en siete arbitrajes, entre ellos: Infracapital v. España, Interconexión Eléctrica SA v. Chile, BA Desarrollos v. Argentina o Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston v. Perú.
La controversia
En diciembre de 2022, el Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) comenzó una serie de demandas judiciales contra Gasoducto Sur Peruano (GSP) reclamando gastos administrativos de mantenimiento y de preservación de tubos del proyecto paralizado por 825 millones de dólares.
El anuncio de estas reclamaciones se hizo en abril de 2023 ante el pleno del Congreso de la República. También se informó de una demanda relacionada con la devolución de los tubos a sus propietarios por unos 700 millones de dólares y se anunció otra reclamación contra GSP por los daños sufridos por incumplimiento de contrato (ver “Solicitan reembolso por US$ 825 mllns. a Gasoducto Sur Peruano“, El Peruano, 14.04.2023).
El ministro de Energía y Minas del Perú Óscar Vera, desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2024, informó sobre la situación desencadenada por la paralización de la obra y el encargo a una empresa para la preservación de los materiales y su custodia. La garantía del contrato fue ejecutada por 262 millones de dólares y la devolución de los materiales pretendida no fue posible.
La concesionaria Gasoducto Sur Peruano, liderada por Enagás Internacional, cuyo arbitraje CIADI se resolvió hace algo más de tres meses concediendo a la española 200 millones USD de los 500 que reclamaba, tiene como accionistas a Graña y Montero (actual Aenza) y Odebrecht Latinvest.
