El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha publicado el laudo del arbitraje por el proyecto inmobiliario Meritage en el que el tribunal aceptó que Colombia se acogiera a la figura de Excepción de Seguridad Esencial, prevista en los acuerdos del “General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)” (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Colombia defendió que el Estado estaba en su derecho de embargar la proyección inmobiliaria que ascendía a más de 309,2 millones de dólares e invocó la Excepción de Seguridad Esencial: “de buena fe sólo después de que salieran a la luz nuevos acontecimientos junto con nueva información, que hicieron patente que lo que está en juego en este procedimiento es la capacidad de Colombia de ejercer su poder soberano en materia penal para luchar contra las actividades de una organización criminal cuyos miembros, incluidos los de más alto rango, han sido titulares sucesivos del Inmueble Meritage y han participado en operaciones de blanqueo de capitales que impregnan sus transferencias hasta el presente” [párrafo 418].
Destaca la denuncia penal de Iván López Vanegas que alegaba ser el legítimo propietario del complejo. López Vanegas que había participado en el narcotráfico argumentó verse obligado a firma una escritura de transferencia del Meritage ante el supuesto secuestro de su hijo [párrafo 222].
Colombia se apoyó en el Artículo 22.2 Seguridad Esencial (b) del Acuerdo de Protección del Comercio Colombia-Estados Unidos: “impedir que una Parte aplique medidas que considere necesarias para cumplir con sus obligaciones respecto al mantenimiento o la restauración de la paz o la seguridad internacional, o para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad.”
En el laudo, se integra también la intervención de Estados Unidos como parte no contendiente y, entre su análisis, alega que: “en ausencia de un perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito, un Estado no tiene obligación de reparar o restituir. Por lo tanto, los Demandantes no tienen derecho a compensación por cualquier pérdida o daño resultante de las medidas amparadas por el Artículo 22.2(b) del APC, puesto que estos actos no pueden considerarse una violación de una obligación internacional.” [párrafo 602]
En cuanto al argumento de extemporaneidad de la invocación del Artículo 22.2(b) alegado por las demandantes, el tribunal ratificó que no existe referencia al momento en el que debe invocarse y que, de conformidad con el Tratado, la “excepción de interés esencial” es aplicable.
El arbitraje se resolvió en junio de 2024
El Gobierno de Colombia informó a finales de junio del resultado del arbitraje de inversiones interpuesto por un grupo de inversores estadounidenses: Ángel Samuel Seda, JTE International Investments, LLC, Jonathan Michael Foley, The Boston Enterprises Trust, Brian Hass, Stephen John Bobeck, Monte Glenn Adcock, Justin Timothy Enbody, y Justin Tate Caruso. El arbitraje se presentó en CIADI en 2019 por el embargo del controvertido proyecto inmobiliario de construcción “Meritage” del que se denunciaban relaciones con dinero del narcotráfico.
El tribunal, formado por el alemán Klaus Sachs, presidente designado por acuerdo de las partes; y los co-árbitros: el suizo Charles Poncet, designado por las demandantes; y el mexicano Hugo Perezcano Díaz, designado por la demandada, aceptó la excepción de interés esencial en materia de seguridad alegada por Colombia y desestimó todas las reclamaciones de los demandantes.
La compañía Royal Property Group, enfocada en el desarrollo de hoteles, resorts y complejos de residencia… propiedad de Angel Samuel Seda con sede en Medellín, planeaba la construcción de un hotel resort para una comunidad en Guatapé, Medellín, la construcción de casas y apartamentos; un proyecto de uso mixto con 300 apartamentos para alquiler y venta, más 28.000 metros cuadrados de espacio para oficinas, 10.000 metros cuadrados de espacio comercial y un Hotel The Charlee.
