El magistrado Zia M. Faruqui ha recomendado la confirmación, el reconocimiento y la ejecución del laudo de 43 millones USD contra República Dominicana y a favor del empresario jamaicano Michael Lee-Chin en la controversia por el vertedero Duquesa. A pesar de las alegaciones de la República Dominicana de que las inversiones de Lee-Chin en el Relleno Sanitario violaron sus leyes y de que el empresario retuvo documentos y presentó documentos dudosos relacionados con sus inversiones fraudulentas.
El magistrado partió de los supuestos recogidos en la “9 U.S.C. § 10(a)(1)”, que la conducta de fraude ocurrió durante el curso del arbitraje, que se demostrara que el fraude no podría haber sido descubierto antes o durante el arbitraje y que la conducta indebida estuviera materialmente relacionada con una cuestión del arbitraje.
En su exposición expuso que el tribunal arbitral, ante la petición en audiencia de República Dominicana de la necesidad de pruebas para determinar el origen de los documentos “supuestammente fraudulentos” de Lee-Chin, invitó explícitamente a ambas partes a explicar por qué debía o no facilitarse la información y “dio a la República Dominicana amplia oportunidad de ser escuchada.” Y añade que: “Sólo después de analizar los escritos de ambas partes sobre esta cuestión, el Tribunal denegó la revelación de pruebas adicional.” Y analizó explícitamente las acusaciones de fraude.
Algo más sobre este arbitraje y discrepancia de Marcelo Kohen
En julio de 2017, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública dominicanos declararon emergencia ambiental y sanitaria en el vertedero Duquesa por problemas sanitarios y riesgo por el manejo inadecuado de residuos sólidos. En septiembre una comisión nombrada por el Gobierno dominicano asumió el control del vertedero.
En diciembre de ese mismo año, Lee-Chin notificó su intención de recurrir al arbitraje. Tras el período de 90 días transcurrido tras la notificación, la demanda de arbitraje se presentó invocando el Acuerdo de Libre Comercio Comunidad del Caribe – República Dominicana de 1998.
El 6 de octubre de 2023, el tribunal del arbitraje de inversiones presentado por Michael Lee-Chin contra República Dominicana emitió el laudo final, con opinión discrepante de uno de los árbitros, el argentino Marcelo Kohen designado por el Gobierno dominicano. El laudo condenó al Estado al pago de más de 43 millones de US dólares. Lee-Chin reclamaba más de 600 millones de dólares en pérdidas consecuencia de la expropiación de sus inversiones en el vertedero Duquesa, sito en Santo Domingo.
En el escrito final, Kohen es tajante en el último párrafo en el que alega que: “Al margen de la situación particular de este caso, me permito un último comentario. En momentos en que los Estados y las organizaciones internacionales hacen denodados esfuerzos para asegurar la transparencia de los flujos monetarios y por ende de las inversiones tanto nacionales como extranjeras -sobre todo estas últimas-; en que los esfuerzos para evitar el lavado de dinero y el fraude fiscal llevan a que, de más en más, tanto los órganos públicos como privados, exijan claridad y transparencia en las transacciones, la lectura del Laudo Final dejará perplejo a más de uno. Lo mismo puede decirse de los esfuerzos de los Estados y las organizaciones internacionales tanto gubernamentales como no gubernamentales para favorecer una protección más estricta del medio ambiente. Ciertamente, el presente Laudo Final no constituirá una contribución a favorecer una lectura positiva de la práctica de los tribunales de inversión, en momentos en que el sistema es el objeto de críticas variadas y de esfuerzos y tentativas de revisión.”
