Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El arbitraje de inversiones de la empresa de comunicaciones WOM SA, a través de la compañía noruega NC Telecom II AS propiedad del fondo de inversiones Novator Partners, contra Chile ya tiene tribunal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). La portuguesa Sofia Martins es la presidenta, y el argentino Oscar M. Garibaldi y el francés Alexis Mourre, los coárbitros.

La operadora de telecomunicaciones fue sancionada en abril de 2023 por no cumplir con el contrato de despliege de la red 5G firmado en 2021. WOM acudió a la justicia chilena para presentar una medida cautelar que bloqueara el procedimiento de pago de la multa.

Sofia Martins, socia de la firma Miranda & Asociados, ha formado parte de tres tribunales de arbitraje y de un comité de anulación (en un procedimiento contra Marruecos). En Metro de Lima Línea 2 v. Perú también como presidenta, y en Autopistas del Atlántico SA v. Honduras como coárbitro nombrada por la Secretaría General.

Óscar Garibaldi tiene experiencia en otros 26 procedimientos CIADI, dieciocho también como coárbitro y el resto como counsel de una de las partes. DCM Energy-España (pendiente), Carlos Ríos y Francisco Javier Ríos-Chile (pendiente), Valores Mundiales y Consorcio Andino-Venezuela, Tidewater Investment-Venezuela o Lupaka Gold v. Perú son algunos de ellos.

El francés Alexis Mourre acumula ya un total de 36 procedimientos CIADI: doce como presidente (ej. Abengoa y Cofides v. México, Hydrika v. Perú o Cervin v. Costa Rica), veintidós como coárbitro (ej. Gas Natural v. Colombia, Isolux Corsan v. Perú, OI European Group v. Venezuela, Grupo Energía Bogotá v. Transportadora de Energía de Centroamérica) y uno como miembro de comité de anulación (Hochtief v. Argentina).

Reclamación de NC Telecom

NC Telecom acusa a Chile, entre otros, de: “incumplir su obligación de cooperar con el desarrollo de la inversión; al rechazar injustificada y arbitrariamente prórrogas de plazos; al imponer sanciones injustas; al amenazar públicamente con sanciones adicionales, con la ejecución no proporcional de bonos de garantía, e incluso al amenazar con la posible terminación de las concesiones -lo que constituiría una expropiación directa-, Chile ha interferido de manera injusta, arbitraria y discriminatoria con el proyecto del Inversor y ha reducido significativamente su valor.” Párrafo extraído de la notificación de arbitraje.

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