El Departamento de Justicia del Gobierno estadounidense envió el 9 de septiembre una carta en la que informa a la jueza Loretta A. Preska que está valorando participar en los procedimientos de los inversores de YPF SA, Petersen Energía Inversora SAU y Eton Park Capital Mgmt. LP, contra Argentina en relación a sus esfuerzos para cobrar la sentencia de 16.000 millones USD fruto de una expropiación ocurrida en 2012.
En el documento enviado por el Departamento de Justicia, se expone cómo los demandantes han pedido una medida cautelar solicitando al tribunal que ordene a Argentina entregar su participación del 51% en YPF, y pide que se reserve la decisión sobre estas peticiones hasta que EE.UU. tenga la oportunidad de presentar su declaración de interés.
Se cita la Ley para explicar que esta solicitud se produce para: “atender los intereses de los Estados Unidos en un pleito pendiente en un tribunal de los Estados Unidos, o en un tribunal de un Estado, o para atender cualquier otro interés de los Estados Unidos”.
La jueza Loretta Preska ha aceptado la solicitud por lo que la decisión sobre la medida cautelar se retrasa hasta que se concluya si se presenta una declaración de interés por parte de los EE.UU., proceso que no podrá alargarse más allá del 6 de noviembre de 2024.
Detalles del procedimiento
En 2012, el Gobierno de Cristina Fernández Kirchner presentó un proyecto para la nacionalización de YPF, Repsol había adquirido el 97,8% de YPF en 1999 por 15.000 millones de dólares.
El 8 de abril de 2015, Petersen Energia Inversora, S.A.U. presentó la demanda contra Argentina ante un Tribunal de Distrito de Nueva York, después de que la compañía española Repsol, que había anunciado su intención de acudir a arbitraje internacional, llegara a un acuerdo con el Gobierno argentino en mayo de 2014, sin que ellos, como accionistas minoritarios, recibieran ninguna indemnización.
Eton Park Capital Management, el otro inversor en YPF, lo hizo el 3 de noviembre de 2016. El fondo Burford adquirió los derechos de demandar a Argentina en el litigio, tras la quiebra de las empresas Petersen en España, a cambio de 15 millones de euros y un 35% de la cantidad concedida como indemnización.
