El Gobierno de Costa Rica presentó ante el Plenario de la Asamblea Legislativa el 25 de noviembre de 2024 un proyecto de ley para modificar el Código Minero costarricense y autorizar de nuevo la minería a cielo abierto, con clara referencia a la mina de Crucitas, centro del controvertido arbitraje de Infinito Gold.
La Ley para Regular la Exploración y Explotación de Minería Metálica Sostenible a Cielo Abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos y Reforma Parcial al Código de Minería pretende regular la actividad minera “de manera que los beneficios que dicha actividad pueda generar sean propiedad del país y aprovechados debidamente por sus ciudadanos.”
En la Exposición de Motivos, el texto hace clara referencia a la actividad de Infinito Gold: “La zona de Cutris de San Carlos ha sufrido un impacto negativo en materia ambiental, social, económico y de seguridad ciudadana como resultado de la explotación minera ilegal que se generó como resultado del fallido proyecto minero que fuera concesionario a la empresa Infinito Gold Ltd. C. y cuyas consecuencias legales fueron resueltas hasta el año 2024 mediante la finalización del proceso de arbitraje internacional.”
Después de exponer las condiciones geológicas del terreno de la mina y defender los desechos fruto de su explotación como materiales reutilizables para otro tipo de industrias, el proyecto presenta: “La minería moderna responsable y sostenible”, como aquella que equilibra el beneficio económico, con los impactos ambiental y social y el respeto a las normas vinculadas al estado de derecho de un país.
El texto expone un resumen del arbitraje de Infinito Gold y explica la terminación del procedimiento: “se dio porque unos días después de que Costa Rica presentara su último escrito, Infinito contactó al Estado para informar que había decidido desistir del proceso con perjuicio (es decir, Infinito no puede iniciar un nuevo proceso de anulación contra Costa Rica).”
En relación a la disposición del artículo 26 del Código de Minería sobre el derecho a seguir explotando un proyecto, argumento utilizado por la minera, el Ejecutivo costarricense pretende reformar el lenguaje del citado artículo “para aclarar que no existe un derecho adquirido por parte de un permisionario con respecto a una concesión minera, y evitar este tipo de argumentos a futuro.”
El mercado del oro, las ganancias de Costa Rica, los impuestos sobre la minería… preceden al texto legal propuesto en el que se abrirá la concesión de explotación minera de metales a cielo abierto a ejecutar por “oferentes nacionales e internacionales” que reúnan condiciones “que garanticen una explotación adecuada del recurso y una recuperación adecuada de la zona.”
