La comunidad arbitral peruana se ha manifestado en contra del Decreto Legislativo que aprobó el Gobierno de Perú en septiembre, y a través del que hace obligatoria la inscripción de centros de arbitraje y de árbitros en un registro público (“Renace”) para, según el texto, fortalecer el servicio arbitral y poner a disposición de los ciudadanos información que les permita tomar mejores decisiones respecto del arbitraje.
En un comunicado, que encabezan la Cámara de Comercio de Lima, su Centro de Arbitraje, la ICC Perú, la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) y su Centro Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y su Centro de Arbitraje y la Cámara de Comercio de Piura y su Centro de Arbitraje, exponen que el Decreto ha sido aprobado sin consultar ni a los operadores relevantes ni a la comunidad en general y piden que se les convoque para conseguir una regulación técnica y eficiente.
Culpan al Renace de la “proliferación de centros de arbitraje que no cumplen con estándares mínimos de calidad y atentan contra la seguridad jurídica” y tampoco están de acuerdo con que existan dos registros, para árbitros y para instituciones, en dos organismos distintos: “es ineficiente, antitécnica y genera mayores costos para los usuarios y para el propio Estado”, aseveran.
Los firmantes del comunicado muestran su preocupación ante la no exigencia de requisitos que avalen la trayectoria de las instituciones de arbitraje inscritas y que la obligatoriedad para los árbitros de estar registrados implique un menoscabo a la liberta de las partes para elegir al árbitro.
El texto del Decreto y el Renace
La norma se establece, según el texto del Decreto, porque “la no obligatoriedad del Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje (Renace) genera inseguridad jurídica y desconfianza en el sistema arbitral peruano, al limitar la transparencia y consistencia en los procesos, afectando la percepción del arbitraje como un método justo y eficaz y poniendo en riesgo la integridad del sistema de justicia.”
“Transparencia, calidad e imparcialidad para verificar la legitimidad de los árbitros y alcanzar estándares de profesionalismo” es lo que persiguen a través de esta nueva normativa, así como reforzar la seguridad jurídica en el arbitraje y brindar información relevante sobre el sector a nivel nacional.
El Renace es un registro dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y contemplará información sobre los árbitros, su formación profesional, experiencia e integridad, y sobre centros de arbitraje.
La información debe ser remitida al Ministerio por árbitros y centros de arbitraje.
El Renace cuenta con 3.916 árbitros y 268 centros de arbitraje inscritos.
